Iniciativa busca terminar con la reelección en la CNDH

CDMX a 30 de junio, 2024.- La diputada Elizabeth Pérez Valdez del PRD ha presentado una iniciativa que busca reformar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), enfocándose en mejorar el procedimiento de elección de su titular y eliminando la posibilidad de reelección. Esta propuesta, ahora bajo análisis en la Comisión de Derechos Humanos, podría significar un cambio significativo en la forma en que se designa y perpetúa el liderazgo en uno de los organismos clave para la defensa de los derechos humanos en México.

Actualmente, la iniciativa propone modificar la denominación de «el presidente» de la CNDH por «persona titular de la presidencia», además de establecer explícitamente que esta persona no podrá ser reelecta. Los requisitos para la elección incluyen no haber ocupado cargos políticos a nivel nacional, estatal o municipal, ni ser afiliado a algún partido político en el año previo a su designación, ni haber sido candidato a algún cargo de elección popular en los últimos tres años.

La elección de la persona titular de la CNDH sería decidida por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Senado o, en recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con una votación calificada. Este cambio busca garantizar un proceso más transparente y con un respaldo amplio dentro del ámbito legislativo.

Además, la propuesta sugiere facultar a las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado para emitir la convocatoria y establecer el procedimiento de elección, así como la creación de un comité técnico de evaluación integrado por representantes de diversas organizaciones sociales y públicas relacionadas con los derechos humanos. Este comité tendría la tarea de evaluar a los aspirantes según criterios específicos de idoneidad y capacidades.

Elizabeth Pérez Valdez enfatiza que la autonomía de la CNDH es fundamental para su efectividad e imparcialidad en la defensa de los derechos humanos en México. La propuesta busca evitar que la institución sea utilizada con motivos políticos, asegurando que la designación del titular cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado.