Recientemente, la Comisión de Diversidad, presidida por el diputado Jaime Genaro López Vela (Morena), presentó un informe sobre el diagnóstico realizado por un grupo de trabajo con dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, así como organismos autónomos, sobre las acciones que se implementan para la comunidad LGBTTTIQ+. Este esfuerzo busca entender qué se está haciendo por la diversidad sexual y de género en México y cómo mejorar la atención a sus necesidades.

El grupo de trabajo fue instalado el pasado 30 de enero, con la finalidad de elaborar un diagnóstico que recoja los programas, acciones sociales y normativas internas que las dependencias y organismos autónomos han implementado. En la reunión se dio a conocer que, hasta el momento, se han recibido 30 reportes, donde se les preguntó a las instituciones si cuentan con un área de atención especializada para la población LGBTTTIQ+. Los resultados mostraron que el 68.8% de las dependencias no tienen áreas especializadas, mientras que el 31.3% sí las tienen. Esta información es clave para entender cómo las instituciones están respondiendo a las demandas de este grupo vulnerable.

Además, el informe revela que algunas dependencias han diseñado y puesto a disposición de la ciudadanía programas sociales en los últimos seis años enfocados en la atención de la comunidad LGBTTTIQ+. Un ejemplo destacado es el programa de la Fiscalía General de la República, que se centra en atender a las víctimas de violencia de todos los sectores, incluidas las personas LGBTTTIQ+.

Durante la presentación del informe, el diputado López Vela comentó que están trabajando de la mano con la Secretaría de Gobernación en un proyecto integral que busque abordar la discriminación, la desigualdad y la exclusión que enfrenta la comunidad LGBTTTIQ+. Además, enfatizó que hay varios temas pendientes que deben ser atendidos, especialmente en áreas cruciales como la salud, la educación y el trabajo. Destacó la importancia de diseñar políticas públicas transversales que tomen en cuenta todas las problemáticas que enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género en su vida diaria.

La diputada María Damaris Silva Santiago (Morena) expresó que el informe es un buen paso y adelantó que trabajará en iniciativas para apoyar a las organizaciones que aún enfrentan obstáculos burocráticos, con el fin de facilitarles los trámites y brindarles el apoyo necesario. Por su parte, la diputada Laura Hernández García (MC) subrayó la importancia de trabajar con la Fiscalía General de la República para mejorar el acceso a la justicia para la comunidad LGBTTTIQ+, ya que los principales obstáculos que enfrentan al presentar denuncias tienen que ver con la falta de respuesta y sensibilidad de las autoridades.

En la misma reunión, se presentó un informe sobre el «Festival del amor y el condón», un evento realizado el 22 de febrero de 2025 en el Centro Cultural Digital. Este festival tuvo como objetivo promover el derecho a la salud sexual y reproductiva entre los jóvenes LGBTTTIQ+, especialmente en el marco del Día Internacional del Condón y el Día del Amor y la Amistad. El evento, que contó con la participación de diversas organizaciones civiles, instituciones gubernamentales y empresas, fue un éxito y permitió sensibilizar a la población joven sobre la importancia de la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Finalmente, se dio a conocer el reporte sobre el registro nacional de organizaciones civiles LGBTTTIQ+, el cual estuvo abierto del 1 de febrero al 7 de marzo. En total, se registraron 246 organizaciones, de las cuales el 54.9% no están constituidas legalmente ante notario público, y el 72% no han recibido apoyos económicos en los últimos siete años. El presidente de la Comisión destacó que uno de los objetivos principales es apoyar a estas organizaciones para que puedan profesionalizarse y, de esta manera, contar con más recursos para llevar a cabo su trabajo social.

En resumen, aunque se han logrado avances en el reconocimiento y la atención de las necesidades de la comunidad LGBTTTIQ+, aún queda mucho por hacer, especialmente en términos de infraestructura, apoyo legal y acceso a la justicia. El Congreso sigue trabajando en una agenda de políticas públicas inclusivas que aborden de manera integral las problemáticas de discriminación y exclusión que afectan a este sector de la población.