El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado un paso decisivo al presentar una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Su objetivo: frenar las suspensiones emitidas por juzgados de distrito que amenazan con detener la organización de la elección de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial.
La solicitud fue firmada por Claudia Suárez, encargada de despacho de la Secretaría General Ejecutiva, y se registró bajo el expediente SUP-AG-209/2024, siendo asignada al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. En el documento, el INE expresa su preocupación por las 70 suspensiones emitidas hasta ahora por jueces de distrito, argumentando que estas acciones invaden las atribuciones de las autoridades autónomas y obstaculizan sus funciones constitucionales.
El INE recalca que los jueces carecen de competencia para pronunciarse sobre normas generales y actos que tienen un contenido materialmente electoral. Según el instituto, estas suspensiones no solo interrumpen el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación para 2024-2025, sino que también representan una «invasión de atribuciones» que deberían corresponder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Salas del TEPJF.
El INE enfatiza que la Sala Superior del TEPJF es la única instancia con la autoridad para revertir los acuerdos del Consejo General y avanzar en la organización del proceso para la elección de juzgadores en 2025. Por ello, demanda que el Tribunal ordene a los juzgados de distrito cesar la emisión de estas suspensiones y, de ser necesario, determine sus efectos, considerando que afectan a otras autoridades, a los tres Poderes de la Unión y a las entidades federativas.
Hasta el 4 de octubre, el INE había recibido 25 notificaciones de las 71 suspensiones emitidas por jueces de diferentes estados, las cuales otorgan plazos de 24 a 48 horas para detener la organización de las elecciones programadas para el 1 de junio de 2025. Este conflicto resalta la importancia de respetar las competencias de las autoridades electorales en la organización de procesos democráticos en el país.