En una decisión reciente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado una significativa reducción en las multas impuestas a los partidos políticos por irregularidades en sus gastos de campaña. Esta medida, que afecta tanto a las elecciones presidenciales como a las legislativas, busca ajustar el marco sancionador con el objetivo de garantizar la equidad y transparencia en los procesos electorales.
Según Jorge Montaño, consejero presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, las multas originalmente ascendían a 785 millones de pesos por diversas infracciones relacionadas con el financiamiento de las campañas políticas. Sin embargo, gracias a la reducción aprobada por el Consejo General, dicha cifra se verá disminuida en aproximadamente un 40%, quedando en torno a los 485 millones de pesos.
«Nosotros como instituto electoral no vamos a ser horca y cuchillo de los partidos; no vamos buscando la separación del régimen de partidos», afirmó Montaño durante la sesión en la que se discutió esta medida. Esta declaración refleja la postura del INE de no adoptar una posición punitiva extrema, sino más bien de buscar un equilibrio entre la aplicación de la ley y el apoyo a la participación política.
Entre los ajustes específicos anunciados, se estableció que los gastos no reportados serán sancionados con el 100% del monto involucrado, reduciéndose así desde el 150% inicialmente propuesto. Por otro lado, los egresos no comprobados serán sancionados con el 50% del monto involucrado, en lugar del 100% como se establecía anteriormente.
Además, una modificación significativa es que ya no se impondrá una multa del 100% del monto involucrado a los partidos por no presentar las firmas de sus representantes de casilla. En su lugar, se estableció una sanción de una a tres Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo cual representa un cambio substancial en la política sancionadora del INE.
Se espera que las cifras finales de las multas, ajustadas según estas nuevas disposiciones, sean dadas a conocer en los próximos días por el Instituto Nacional Electoral. Esta decisión forma parte de los esfuerzos continuos del INE por fortalecer la democracia y garantizar la integridad de los procesos electorales en México.
Este ajuste en las sanciones ha generado diversas reacciones entre los actores políticos y la sociedad civil, quienes seguirán de cerca cómo estas medidas impactarán en la conducta futura de los partidos políticos y en la percepción de la ciudadanía respecto a la transparencia electoral en el país.