CDMX a 6 de marzo, 2025.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado una decisión clave para garantizar la equidad en las próximas elecciones del Poder Judicial de la Federación. Durante su sesión del 6 de marzo, el Consejo General aprobó un tope único de 220 mil 326 pesos para los gastos de campaña de todos los candidatos, independientemente del cargo al que aspiren. Esta medida busca evitar ventajas económicas entre los competidores y promover campañas más austeras.

El límite establecido aplica a ministros, magistrados y jueces que participarán en las elecciones del próximo 1 de junio. Los candidatos deberán presentar un informe detallado de sus ingresos y egresos ante el INE, que se encargará de auditar los recursos utilizados. Además, las campañas estarán restringidas al uso de tiempos públicos en medios de comunicación, prohibiendo cualquier tipo de financiamiento externo.

La decisión no estuvo exenta de polémica. Algunos consejeros propusieron un esquema diferenciado de gastos según el cargo, con montos que iban desde 1.4 millones de pesos para ministros hasta 220 mil pesos para jueces de distrito. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada al considerarse que podría generar inequidad entre los candidatos. El consejero Jaime Rivera Velázquez argumentó que un tope elevado favorecería a quienes cuentan con mayores recursos personales, dejando en desventaja a otros aspirantes.

El periodo de campaña se llevará a cabo del 30 de marzo al 28 de mayo, y los candidatos deberán limitarse a actividades como recorridos, entrega de volantes y difusión de propuestas en tiempos oficiales. Además, está prohibido que los aspirantes se pronuncien a favor o en contra de sus competidores, reforzando el enfoque en propuestas y no en ataques.

Esta medida se alinea con la política de austeridad promovida por el gobierno, que busca reducir los costos de las campañas y fomentar la transparencia en el uso de recursos. Las elecciones del Poder Judicial representan un momento crucial para la democracia en México, y el INE busca garantizar que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones.