Las autoridades electorales estatales de ocho estados mexicanos completaron ayer un proceso fundamental: la entrega de certificaciones que acreditan el triunfo de los candidatos electos en los históricos comicios del 2 de junio. Desde la bulliciosa Ciudad de México hasta los rincones más remotos de Yucatán, las llamadas constancias de mayorías fueron otorgadas por las representaciones estatales del Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, este proceso, que debería ser un hito en la consolidación democrática del país, estuvo marcado por tensiones y descalificaciones entre el oficialismo y la oposición. En varios estados, las disputas por presuntas irregularidades han escalado a amenazas de impugnación de los resultados.
En Chiapas, Morena celebró la victoria de Eduardo Ramírez, exsenador del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, en Guanajuato, la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, aseguró el triunfo con la certificación de Libia Denisse García como gobernadora electa.
El estado de Jalisco presenció una contienda reñida, donde el representante de Movimiento Ciudadano mantuvo el liderazgo identificado con el color naranja, aunque Morena ha anunciado su intención de impugnar los resultados debido a una estrecha diferencia porcentual.
En Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, el oficialismo retuvo su mandato. En Morelos, Margarita González se convirtió en la primera mujer en encabezar el estado, celebrando el triunfo de su compañera de coalición, Rocío Nahle. Tabasco vio a Javier May, exmiembro del gabinete de López Obrador, asumir el cargo de gobernador electo.
En Puebla, Alejandro Armenta, exsenador de Morena, mantuvo el mando, prometiendo trabajar por la «Puebla que nos merecemos». Y en Yucatán, Joaquín Díaz arrebató el mando al PAN después de tres gobiernos emanados de sus filas.
Finalmente, la capital mexicana reconoció a Clara Brugada como la jefa de gobierno electa, completando así la certificación de todos los gobernadores electos en una de las elecciones más grandes en la historia de México, con más de 20,700 cargos públicos en juego.
Este proceso, aunque marcado por tensiones y controversias, representa un paso crucial en la consolidación democrática del país, reflejando la diversidad política y la voluntad del pueblo mexicano en la elección de sus representantes.