La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le permitió sesionar con cuatro comisionados, permitirá al instituto reanudar sus actividades y atender los recursos de revisión pendientes.
En su primera sesión, cada comisionado resolverá mil recursos, entre los cuales se encuentran casos con información relacionada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como con el fraude de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).
La comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, celebró la reanudación de actividades, al tiempo que denunció que el instituto ha sido “objeto de una campaña de desinformación tremenda y brutal”.
Afirmó que, contrario a lo que afirma el Ejecutivo, el presupuesto solo representa el 0.01% del gasto total del gobierno y su funcionamiento solo cuesta 69 centavos por mes a los contribuyentes. Además, precisó que en los últimos 5 años, este ha sido reducido en un 22.9%.
En cambio, afirmó que quienes no otorgan la información son los sujetos obligados, siendo las instituciones más opacas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, Blanca Lilia Ibarra hizo un llamado al Senado de la República a nombrar a los comisionados faltantes, ya que dichas plazas se encuentran vacantes desde 2020.
Por su parte, el comisionado Adrián Alcalá Méndez calificó la sesión como “histórica”. Igualmente, argumentó que el presupuesto del instituto es poco en comparación las tareas que realiza y afirmó que su gasto es auditable y público.
“No permitamos que el INAI sea coartado por intereses políticos que nada tienen que ver con lo que verdaderamente está en juego, que es la garantía de dos derechos fundamentales”, concluyó.