Ciudad de México, 04 de enero de 2024 – En un esfuerzo por mejorar las condiciones de seguridad vial para las personas con discapacidad visual en México, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI han propuesto una reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta iniciativa busca garantizar que la federación, los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México incluyan dentro de sus criterios para el diseño de la infraestructura vial, la implementación de señales auditivas en los pasos peatonales.
La propuesta, que ha sido enviada a las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos Primera, tiene como finalidad construir un país más accesible y respetuoso con la diversidad de capacidades de todas las personas. Los legisladores han subrayado la importancia de esta medida, señalando que si bien algunos puntos del país ya cuentan con cruces peatonales equipados con señales auditivas, estos son insuficientes y desiguales en su distribución.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que alrededor del 3.5% de la población mexicana, aproximadamente 4.3 millones de personas, vive con alguna forma de discapacidad visual. Estas personas se enfrentan diariamente a desafíos significativos al cruzar calles y avenidas en un entorno primordialmente diseñado para personas sin discapacidad.
Los estados que registran un mayor número de personas con discapacidad visual son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Puebla. Los legisladores han enfatizado que estas regiones requieren especial atención y una mayor inversión en infraestructuras accesibles.
La implementación de señales auditivas en cruces peatonales no solo beneficiaría a las personas con discapacidad visual, sino que también tendría un impacto positivo en la vida de personas mayores, mujeres embarazadas, padres con niños pequeños, y cualquier individuo que enfrente dificultades al cruzar las calles.
Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la inclusión y la accesibilidad en México, reconociendo la necesidad de adaptar la infraestructura urbana para garantizar la seguridad y autonomía de todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades físicas. La propuesta legislativa es un claro indicativo del compromiso del país con la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.