CDMX a 20 de julio, 2024.- El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha propuesto una importante reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esta iniciativa busca garantizar la participación activa de los pueblos y comunidades indígenas en la planificación y ejecución de proyectos de obra pública que afectan sus territorios.
La propuesta del diputado Sánchez Sánchez introduce los párrafos sexto y séptimo al artículo 18 de la mencionada ley. Estas adiciones tienen como objetivo asegurar que las dependencias y entidades gubernamentales informen de manera constante y oportuna sobre el estado de los estudios, planes y programas de desarrollo de proyectos en zonas indígenas. Además, se estipula que estas entidades deben formar un Comité de Vigilancia con miembros de las comunidades indígenas para garantizar que sus derechos y necesidades sean considerados.
Una de las características más destacadas de esta iniciativa es la inclusión de los pueblos indígenas en los procesos de asignación y licitación de obras públicas. Esto no solo promueve la transparencia, sino que también permite a las comunidades tener una voz en la toma de decisiones que impactan directamente su entorno y bienestar.
En su exposición de motivos, Sánchez Sánchez subraya que aunque se han realizado numerosas obras de infraestructura para beneficiar a las comunidades indígenas, muchas de ellas han resultado ineficaces o mal gestionadas, conocidas popularmente como “elefantes blancos”. Estas obras, en su mayoría, no reflejan las necesidades reales de las comunidades debido a la falta de consulta y participación ciudadana.
El diputado enfatiza que la consulta previa es un derecho humano fundamental de los pueblos indígenas, reconocido por diversos criterios jurisdiccionales. Este derecho asegura que cualquier medida administrativa o legislativa que tenga un impacto significativo en su entorno sea discutida con ellos, respetando su derecho a la libre determinación y preservando sus derechos culturales y patrimoniales.
La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Infraestructura para su análisis y posible aprobación. De ser aprobada, representará un paso significativo hacia la inclusión y respeto de los derechos de los pueblos indígenas en la planificación y ejecución de obras públicas en sus comunidades.