Por Bruno Cortés

La política migratoria de la administración de Donald Trump ha marcado un giro drástico en el tratamiento de los migrantes y solicitantes de asilo, con implicaciones críticas para América Latina. Desde el 20 de enero, una serie de órdenes ejecutivas han restringido severamente el acceso al sistema de asilo estadounidense en la frontera con México, justificándose en una supuesta «invasión». Estas medidas no solo afectan a quienes buscan refugio, sino que también tensionan las relaciones diplomáticas y humanitarias con la región.

Una de las decisiones más controvertidas es la suspensión del acceso al asilo para personas indocumentadas, independientemente de su situación. Bajo esta política, los agentes de la Patrulla Fronteriza están rechazando de manera sumaria a quienes intentan cruzar, incluso si cumplen con los requisitos legales para solicitar protección internacional. Esta medida, que enfrenta desafíos legales, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por violar los principios del derecho internacional.

Además, la cancelación de la aplicación móvil CBP One, que permitía a más de 936,500 solicitantes de asilo programar citas en puertos de entrada, ha eliminado una de las pocas vías legales disponibles. Combinado con la prohibición de solicitar asilo para quienes cruzan entre los puertos de entrada, esta decisión ha dejado a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema.

Otra medida polémica es el reinicio del programa «Quédate en México», que obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar sus audiencias en territorio mexicano. Durante la primera implementación de este programa, más de 71,000 personas fueron expuestas a crímenes violentos, incluyendo secuestros y extorsiones por parte del crimen organizado y funcionarios corruptos. Organizaciones de derechos humanos han documentado más de 1,500 casos de abusos, lo que ha generado preocupación sobre el impacto humanitario de esta política.

La orden ejecutiva también busca reactivar los acuerdos de «tercer país seguro» con naciones como Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos acuerdos, que obligan a los migrantes a buscar asilo en países con sistemas de protección débiles, han sido criticados por su falta de eficacia. Un informe del Senado de Estados Unidos reveló que, de los 945 solicitantes enviados a Guatemala bajo este programa, ninguno recibió asilo, lo que cuestiona la viabilidad y ética de esta estrategia.

Otra vía cerrada es el uso de la libertad condicional humanitaria, que permitía la entrada de 30,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en Estados Unidos. Este programa, que benefició a más de 531,690 personas desde 2022, era una alternativa segura para quienes huían de crisis humanitarias en sus países de origen. Su eliminación limita aún más las opciones para los migrantes más vulnerables.

Finalmente, una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha generado controversia legal. Esta figura, consagrada en la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense desde 1868, no puede ser revocada mediante una orden ejecutiva, según expertos legales. Sin embargo, su mera propuesta refleja el tono restrictivo de la política migratoria de Trump.

Estas medidas, aunque podrían reducir temporalmente el número de migrantes en la frontera, tienen un costo humano y diplomático significativo. Organizaciones de derechos humanos advierten que las políticas de Trump podrían exacerbar la vulnerabilidad de los migrantes y profundizar las tensiones con los gobiernos latinoamericanos. En un contexto regional marcado por la inestabilidad política y económica, estas decisiones podrían tener repercusiones duraderas en la relación entre Estados Unidos y América Latina.