HRW pide a México garantizar el aborto en todo el país
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
Human Rights Watch (HRW) ha instado al Gobierno de México a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal y a eliminar las barreras legales y sociales que obstaculizan el acceso a la interrupción segura del embarazo en todo el país. La organización internacional presentó un informe que destaca las serias deficiencias en la implementación de la ley y el acceso a servicios de aborto, especialmente en el Estado de México, el más poblado del país.
En la conferencia de prensa, HRW expuso que el Estado de México sigue prohibiendo el aborto en su Código Penal estatal, salvo en casos específicos. El informe, titulado ‘Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México’, detalla cómo las autoridades y los proveedores de salud no garantizan el acceso al aborto, incluso en situaciones comprendidas bajo las causales legales.
La organización recordó que, según el Amparo 267/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso tenía hasta finales de 2023 para eliminar la prohibición del aborto del Código Penal Federal. Hasta ahora, 15 estados han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12, y Sinaloa lo permite hasta la semana 13. Esta decisión sigue la sentencia de la Corte que determinó que la prohibición del aborto viola los derechos a la dignidad humana, autonomía reproductiva, salud e igualdad.
No obstante, el aborto sigue siendo criminalizado en todos los códigos penales estatales y en el federal, aunque algunos estados permiten la interrupción bajo ciertas causales, como violación. A pesar de estas excepciones, HRW documentó serios obstáculos para acceder a los servicios de aborto en el Estado de México.
Obstáculos y Casos Documentados
El informe revela problemas graves en el acceso a servicios de aborto. Entre los obstáculos se incluyen proveedores de salud que niegan o demoran la prestación de servicios, cuestionan la veracidad de las denuncias de violencia sexual, maltratan a las mujeres y imponen requisitos arbitrarios. Un caso destacado es el de Ana, quien quedó embarazada tras una violación y fue rechazada en un hospital público del Estado de México. Ana finalmente pudo acceder a un aborto con medicamentos en la Ciudad de México, pero enfrentó obstáculos adicionales al intentar denunciar la violencia sexual debido a la criminalización del aborto.
HRW también encontró que el temor a la criminalización disuade al personal de salud de ofrecer servicios de aborto y a las personas de buscarlos. Entre enero de 2018 y marzo de 2023, se iniciaron 740 investigaciones penales por el delito de aborto en la Fiscalía del Estado de México, a pesar de la sentencia de la SCJN en 2021 que prohíbe la condena por abortos en etapas tempranas del embarazo.
Desafíos y Pendientes Urgentes
La organización subraya que menores de edad y personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales, como la exigencia de autorización parental o interdicción, que no están estipuladas por la ley. Además, hasta junio de 2024, las instituciones de salud federales, como el IMSS y el ISSSTE, no ofrecían servicios de aborto en el Estado de México, a pesar de estar obligadas por la sentencia de la Corte de 2023.
“La falta de profesionales disponibles para la atención del aborto, debido a la escasez de personal y la objeción de conciencia, provoca demoras en la atención del aborto en situaciones críticas, contraviniendo las normas internacionales de derechos humanos”, advirtió HRW.
El informe de HRW subraya la urgencia de reformas legislativas y la implementación efectiva de políticas para garantizar el acceso a servicios de aborto seguros y legales, destacando la necesidad de una revisión integral de las leyes y prácticas relacionadas con la interrupción del embarazo en México.
