Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, fue condenada a 89 años de prisión por su participación en delitos de secuestro y delincuencia organizada. La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Vieryra Valdés, quien también impuso una multa superior a los 700 mil pesos.
Jaqueline Gálvez, alias «Mali» o «Madrina», fue detenida en 2012 en un operativo de la Policía Federal en Otzolotepec, Estado de México, donde fueron rescatadas dos víctimas de secuestro que permanecían encerradas en jaulas. Junto con ella, fueron capturados otros cinco miembros de la organización criminal «Los Tolmex», incluyendo a su líder Leonardo Sales Andrade, alias «El Tolmex».
Desde su arresto en 2012, Gálvez Ruiz pasó 13 años en prisión sin sentencia. Ahora, la justicia determinó su responsabilidad en los delitos de:
- Delincuencia organizada.
- Secuestro en agravio de dos personas.
- Posesión de cartuchos de armas de uso exclusivo del Ejército.
Xóchitl Gálvez se pronuncia sobre el caso
Durante la campaña presidencial de 2024, Xóchitl Gálvez abordó la situación de su hermana en una charla con estudiantes del ITAM. Aseguró que no ha utilizado su influencia política para buscar impunidad y que, aunque cree en la inocencia de su hermana, será la justicia la que determine su culpabilidad.
“Si es culpable, lo va a pagar”, declaró la excandidata, destacando que ha visitado varias veces a su hermana en la cárcel y que conoce de cerca las condiciones del sistema penitenciario.
En 2023, Xóchitl Gálvez reveló que su hermana fue víctima de tortura por parte del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Según un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se aplicó el Protocolo de Estambul, el cual confirmó signos de tortura.
“No sé si sea culpable o inocente, porque yo no soy el juez, pero tengo pruebas de que fue torturada”, afirmó la política en una entrevista con Adela Micha.
La condena de Jaqueline Malinali Gálvez ha generado diversas reacciones en el ámbito político y en la opinión pública. Mientras algunos la ven como una prueba del actuar imparcial de la justicia, otros cuestionan la tardanza en el proceso y las denuncias de tortura.
