Por Bruno Cortés
En medio del debate en el Congreso sobre la reforma que busca convertir a la Guardia Nacional en una fuerza militar permanente, la diputada federal Lorena Piñón Rivera, del PRI, levantó la voz para expresar su rechazo. Durante la sesión de este jueves, Piñón recordó que en 2019 su partido apoyó la creación de la Guardia Nacional bajo la promesa de que mantendría un carácter civil y que la participación de las Fuerzas Armadas sería solo temporal. Pero ahora, dice, esa promesa se está rompiendo.
“Lo que se nos presenta hoy es una traición a ese espíritu de colaboración”, afirmó la legisladora, enfatizando que el plan actual convierte a los militares en actores permanentes en la seguridad pública, algo que podría tener graves consecuencias. «Quieren un militar en cada esquina, que la calle sea un campo militar permanente», subrayó, resaltando los peligros de esta militarización.
Piñón advirtió que con esta reforma se está borrando la línea entre la seguridad pública, que debería centrarse en proteger a los ciudadanos, y la seguridad nacional, que trata con amenazas externas. Además, expresó su preocupación por el daño que esta reforma podría causar en la confianza de la población hacia las fuerzas de seguridad. “Las consecuencias las pagarán las y los ciudadanos mexicanos”, sentenció.
La diputada también recordó un importante momento histórico: en los años 40, los militares decidieron retirarse de las funciones públicas para permitir que el gobierno civil avanzara. “¿Estamos dispuestos a ser la generación de políticos que entregó la seguridad pública de México a los militares?”, cuestionó, invitando a todos a reflexionar sobre lo que esto significaría para el país.
Finalmente, Piñón Rivera reiteró que el PRI se opone a esta reforma porque creen en una Guardia Nacional civil, que respete los acuerdos previos y los estándares internacionales en derechos humanos. “Estamos ante una estrategia que desmantela nuestras instituciones civiles”, concluyó, dejando claro que su bancada no está dispuesta a ceder ante un modelo de seguridad que, según ellos, desfigura el rostro de la protección pública.