Por Juan Pablo Ojeda

Recientemente, el debate sobre las reformas en materia de seguridad e inteligencia ha cobrado gran relevancia en el Congreso Mexicano. En el centro de este debate, Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, lanzó duras críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que estas reformas buscan establecer un “Estado policial” que atenta contra la privacidad y los derechos de los ciudadanos.

Moreira no se anduvo con rodeos y aseguró que el PRI votará en contra de las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Según el diputado, estas reformas no solo avalan la militarización del país, sino que eliminan cualquier posibilidad de prevenir los delitos. Lo más preocupante, señala, es que estas leyes permiten a las autoridades recopilar información personal sin el debido proceso judicial.

Un punto que Moreira destacó con fuerza fue el artículo 8 de la nueva Ley de Inteligencia, el cual otorga al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la capacidad de recolectar información de la ciudadanía sin la intervención de jueces. Esto incluye registros telefónicos y otros datos personales. Según el PRI, esta medida va en contra de las libertades individuales y abre la puerta a abusos de poder.

Además, el artículo 7 de la Ley de Seguridad, que según Moreira, establece la militarización del país al otorgar el control de la Guardia Nacional al Ejército, fue otro de los puntos que causaron rechazo. «Ya no se habla de una conformación civil, ahora se dice que la Guardia Nacional pertenece al Ejército», explicó el coordinador del PRI, quien no dudó en calificar esta medida como un paso más hacia un gobierno autoritario. Según él, el gobierno de Morena está tratando de imponer la militarización por la «puerta de atrás».

La propuesta también incluye cambios a la CURP, que Moreira considera el primer paso para desaparecer la credencial de elector, lo que tendría implicaciones graves para el sistema electoral mexicano. Y por si fuera poco, se busca obtener registros telefónicos, saber dónde están los ciudadanos, con quiénes hablan, y hasta quién les paga el teléfono. “Es un estado policial lo que quieren”, sentenció el priista.

Pero las críticas de Rubén Moreira no solo se limitan a las reformas de seguridad. En otro tema candente, el PRI votó a favor de un dictamen que rechazó la solicitud de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco. Aunque esto generó controversia, Moreira explicó que el PRI tomó esta decisión para evitar que el caso se congelara en la Sección Instructora. En su opinión, la gobernadora de Morelos debe presentar una nueva carpeta de investigación, ya que la anterior había sido elaborada por un fiscal que había sido acusado de proteger a feminicidas.

El coordinador del PRI también señaló que existen otras denuncias contra Blanco, como malversación de fondos durante su gestión como gobernador de Morelos. A su juicio, es mejor votar en contra del desafuero para que el proceso se reinicie y no quede estancado.

Finalmente, Moreira también tocó el tema de los apagones masivos en la Península de Yucatán, que, según él, son producto de una mala política energética del gobierno de AMLO. Aseguró que la cerrazón del presidente en cuanto a la exploración de nuevos campos de petróleo y gas, además de su decisión de frenar la iniciativa privada en el sector energético, han dejado a México sin la capacidad de generar suficiente energía, lo que ha ocasionado estos apagones.

En resumen, el PRI sigue en contra de las reformas propuestas por el gobierno de López Obrador, especialmente aquellas que implican una mayor concentración de poder en manos del Ejecutivo y la militarización de las fuerzas de seguridad. Para Moreira y su bancada, las reformas no solo representan un retroceso en términos de derechos humanos, sino también un riesgo para la democracia y la libertad de los ciudadanos.