CDMX a 1 de agosto, 2024.- Se presentó en el Senado de la República el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, elaborado en conjunto con la organización Causa en Común. El documento analiza y cuestiona las tareas de seguridad en las que han participado estas fuerzas durante el actual sexenio, destacando varios puntos críticos sobre su efectividad y transparencia.
El informe concluye que la creación de la Guardia Nacional no ha producido resultados significativos en términos de seguridad pública. Además, el fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Armadas ha causado estancamientos o mermas de recursos para las policías locales. Este aumento presupuestal, combinado con la “tradicional opacidad” de las Fuerzas Armadas, incrementa el riesgo de corrupción y el peligro de violaciones a los derechos humanos al involucrarlas en tareas de seguridad que no les corresponden.
«La seguridad nacional requiere políticas de Estado que dialoguen y escuchen a diversos actores de la sociedad. Es preocupante que en este sexenio ha habido dificultades para hablar sobre este tema, especialmente con las organizaciones civiles,» señaló el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria.
Álvarez Icaza advirtió sobre la necesidad de debatir la «militarización de la República,» señalando que las propuestas de reforma del Ejecutivo Federal buscan ampliar el rol de las Fuerzas Armadas, como ya se ha visto con el control de aduanas y aeropuertos.
Por su parte, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, destacó que desde la creación de la Guardia Nacional en 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solo ha emitido 16 recomendaciones a la institución. Sin embargo, entre enero de 2019 y mayo de 2024, la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han acumulado 4,800 quejas por violaciones a los derechos humanos.
Morera también subrayó que entre 2020 y 2023 no ha habido elementos de la Guardia Nacional sancionados penalmente por faltas, a pesar de las denuncias de espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. La CNDH ha negado la existencia de estos casos de espionaje.