Por Juan Pablo Ojeda
Este viernes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma que cambiará significativamente la estructura de la Guardia Nacional en México. Ahora, la Guardia Nacional, creada originalmente para combatir la delincuencia y asegurar la paz en el país, pasará a depender directamente de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y formará parte de las Fuerzas Armadas permanentes, que incluyen al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
En una votación que se saldó con 22 votos a favor y 18 en contra, el dictamen modifica varios artículos de la Constitución para redefinir el rol y las competencias de la Guardia Nacional. Los cambios fueron aprobados tanto en lo general como en lo particular, y ahora el proyecto se enviará a la Mesa Directiva para su ratificación final.
La reforma, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por diversos legisladores, establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública profesional y permanente, integrada por personal con formación militar y policial. Esta fuerza dependerá de la Sedena y tendrá la capacidad de investigar delitos en el marco de su competencia. Además, las reformas amplían la coordinación entre la Guardia Nacional, las policías locales y el Ministerio Público para mejorar la seguridad pública a nivel nacional.
Un aspecto clave de la reforma es que el Congreso tendrá el poder de legislar sobre los requisitos y límites para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y pública. Asimismo, el Senado deberá ratificar los nombramientos de los altos mandos de la Guardia Nacional propuestos por el presidente.
Esta modificación también afecta el panorama para quienes aspiran a cargos de elección popular. Se establece que candidatos a la presidencia o al Congreso deberán haber dejado el servicio activo en las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional al menos seis meses o 90 días antes de la elección, respectivamente.
Otro cambio importante es la redefinición de la jurisdicción militar, que no podrá extenderse a civiles en tiempos de paz. Además, se prohíbe que extranjeros sirvan en las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y limita las funciones militares a las previstas en la Constitución.
El decreto contempla que el personal militar y naval actualmente en la Guardia Nacional será reclasificado y continuará con su rango y antigüedad, pero ahora bajo la Sedena. El personal de la extinta Policía Federal que no pase a la Guardia Nacional será transferido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, manteniendo sus derechos laborales.
Con esta reforma, la Sedena también asumirá el control de los recursos presupuestarios y materiales destinados a la Guardia Nacional, lo que podría implicar una reorganización significativa en la gestión de estos recursos.
En resumen, la reforma a la Constitución representa un cambio radical en la estructura de la seguridad pública en México, alineando la Guardia Nacional con las Fuerzas Armadas y otorgando un mayor control a la Sedena sobre esta institución clave para la seguridad nacional.