Grupo Parlamentario del PRI, en contra de militarizar la Guardia Nacional
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 20 de septiembre, 2024.- El Grupo Parlamentario del PRI se ha pronunciado en contra de la reforma que busca militarizar la Guardia Nacional, advirtiendo que esta decisión pondría en riesgo tanto la seguridad pública como la integridad de las instituciones civiles del país. Durante una sesión en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, dejó claro que su bancada no apoyará la reforma impulsada por la mayoría oficialista, la cual propone entregar el control de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano.
El diputado Moreira exigió que se suspendiera la discusión y que el gobierno actual considerara otras alternativas antes de tomar una decisión de tal magnitud. Además, instó a que la nueva presidenta y los gobernadores dialogaran para buscar soluciones conjuntas que no implicaran la militarización de la seguridad pública.
En su intervención, la diputada Lorena Piñón Rivera criticó duramente la reforma, acusando a quienes la apoyan de desmantelar las instituciones civiles bajo el pretexto de mejorar la seguridad. “No podemos ser cómplices de este desmantelamiento disfrazado de estrategia de seguridad”, declaró, al tiempo que exhortó a fortalecer las instituciones civiles y mejorar las condiciones sociales que generan violencia en lugar de confiar exclusivamente en las fuerzas militares.
El PRI argumenta que la propuesta ignora las lecciones del pasado y pone en peligro tanto a las fuerzas armadas como a la población civil. Piñón Rivera señaló que la reforma no aclara cómo se fiscalizará a una Guardia Nacional bajo control militar, ni cómo se garantizará la protección de los derechos humanos de los civiles. La diputada también subrayó que la creación de la Guardia Nacional en 2019 fue un esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas, y que esta nueva reforma traiciona ese espíritu de colaboración.
Por su parte, Samuel Palma César, diputado federal del PRI, presentó una moción suspensiva, argumentando que la reforma es violatoria del Artículo 1 de la Constitución, así como de diversas resoluciones internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El PRI presentó un total de 43 reservas al dictamen, exigiendo, entre otras cosas, que las autoridades militares no puedan ejercer funciones fuera de su disciplina en tiempos de paz, y que se fortalezcan las capacidades de los cuerpos policiales estatales y municipales. Además, propusieron que se realicen informes semestrales sobre el uso de la Guardia Nacional en acciones de seguridad pública, con indicadores verificables que permitan evaluar su eficacia.
El debate sobre la militarización de la Guardia Nacional sigue abierto y el Grupo Parlamentario del PRI se mantiene firme en su postura de defender un modelo de seguridad civil.
