Por Juan Pablo Ojeda

La crisis de seguridad pública en México no muestra señales de tregua. Según la ENSU de marzo de 2026, la percepción de inseguridad urbana se sitúa en un alarmante 61.5%. Esta cifra es un indicador crítico del fracaso en los modelos de proximidad policial, reforzado por el hecho de que menos de un tercio de la población considera que su alcalde actúa con eficacia.

Las disparidades entre ciudades ilustran la fragilidad de la estrategia de seguridad municipal. Mientras que en Zapopan la percepción de inseguridad se disparó por encima del 70%, en Piedras Negras la administración local logró posicionarse como la más efectiva del país con 67.3% de aprobación. Esta brecha sugiere una correlación directa entre la capacidad de gestión de servicios y la confianza ciudadana.

Los datos demuestran que el temor al delito modifica el tejido social. La población está confinando sus actividades; cerca del 40% restringe la salida de menores sin compañía, evidenciando que el espacio público ha dejado de ser un lugar de convivencia para convertirse en un terreno de vigilancia constante.

El entorno de la vivienda no es ajeno a la descomposición. La presencia de venta de drogas (39.3%) y disparos frecuentes (36.5%) cerca de los domicilios de los encuestados subraya la pérdida de control territorial por parte de las autoridades municipales, las cuales ostentan una calificación de efectividad de apenas 50.8%.

Existe una clara preferencia de la ciudadanía por la presencia de las Fuerzas Armadas. La Marina, el Ejército y la Guardia Nacional concentran la mayor confianza, dejando en un segundo plano a las corporaciones estatales y municipales. Esta tendencia obliga a cuestionar la viabilidad de la desmilitarización de la seguridad pública.

Más allá de la violencia, la insatisfacción con el gobierno local es alimentada por la carencia de servicios básicos. La incapacidad para reparar baches o garantizar el suministro de agua potable no solo deteriora la calidad de vida, sino que agrava el sentimiento de abandono que termina por traducirse en percepción de inseguridad.

La encuesta funciona como una auditoría de la gestión pública. Con una expectativa de mejora de apenas 24.7% para el próximo año, el Estado mexicano se enfrenta a un desafío de legitimidad. La falta de respuesta eficaz ante delitos de bajo impacto —como el vandalismo— sigue alimentando la percepción de un vacío de autoridad en las áreas urbanas del país.