CDMX a 10 de abril, 2025.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha denunciado una acción sin precedentes del gobierno mexicano: la transferencia de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación, realizada por Nacional Financiera (Nafin) sin haber consultado previamente con las autoridades judiciales. Esta denuncia ha generado un choque institucional entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, con posibles repercusiones legales en el futuro cercano.

El CJF, a través de un comunicado, acusó a Nafin, una institución financiera del gobierno mexicano, de desviar estos fondos sin respetar los procedimientos legales. El dinero transferido fue originalmente destinado a cubrir diversas necesidades dentro del Poder Judicial, pero ahora estos recursos están en manos de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con la información difundida por el CJF, el gobierno federal trasladó los fondos sin que el Poder Judicial tuviera conocimiento previo, a pesar de que varias suspensiones judiciales existían para evitar cualquier movimiento de estos fideicomisos hasta que se resolviera su situación legal.

La transferencia incluye recursos que suman 10.267 millones de pesos, provenientes de cuatro fideicomisos cruciales para el funcionamiento del Poder Judicial. Estos fideicomisos se utilizan para cubrir pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, el mantenimiento de viviendas de jueces y magistrados, el desarrollo de infraestructura relacionada con las reformas constitucionales en materia de justicia, y finalmente, para brindar apoyo médico y económico a los servidores públicos del Poder Judicial.

A pesar de la denuncia, la administración federal sostiene que el dinero transferido será utilizado para atender las necesidades de los juzgadores que no participarán en la Elección Judicial de 2025 o que no sean electos. Sin embargo, este argumento no ha sido suficiente para apaciguar las críticas del Poder Judicial, que considera que esta acción representa un ataque directo a la autonomía del órgano judicial.

En respuesta a esta situación, el CJF anunció que tomará medidas legales y buscará la conciliación con el gobierno para resolver el conflicto. La disputa ha puesto en evidencia las tensiones entre los distintos poderes del gobierno federal, en un contexto de creciente polarización política en el país.