Gobierno defiende proceso de selección de vacantes judiciales ante críticas de la oposición
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México salió en defensa del proceso de selección de vacantes del Poder Judicial de la Federación, tras las críticas de la oposición y expertos que surgieron después de que el Senado llevara a cabo una tómbola para determinar los cargos que se elegirán en 2025. Durante la conferencia matutina del 14 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el objetivo de esta tómbola fue identificar los cargos que estarán sujetos a elección, no seleccionar jueces.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el Senado dividió las listas de cargos en números pares e impares, y que, de un total de 711 puestos, 359 corresponden a tribunales y 361 a juzgados de distrito. También se consideraron 114 espacios vacantes y 25 jueces de distrito que fueron integrados de manera directa. “Las listas que resultaron seleccionadas mediante una urna fueron las impares”, puntualizó.
Rodríguez destacó que la selección fue completamente al azar, garantizando la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos de los juzgadores. También se mencionó que ocho juezas cuya plaza iba a ser elegida en 2025 conservarán sus empleos debido a que están en periodo de maternidad o lactancia.
Desde la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial el 16 de septiembre, se han realizado avances significativos en su implementación. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado el proceso electoral extraordinario, y la presidenta ya ha enviado dos iniciativas para leyes secundarias. Además, el Senado debe emitir la convocatoria general para la integración de los Comités de Evaluación.
Los próximos pasos incluyen la inscripción de aspirantes a partir del 4 de noviembre y la verificación de su documentación el 15 de diciembre. Para el 31 de enero de 2025, los Comités de Evaluación deberán seleccionar a los finalistas, y el 1 de junio se llevará a cabo la elección.
La reforma al Poder Judicial ha suscitado debate sobre su impacto en el Estado de derecho, pero el Gobierno sostiene que es un paso necesario para modernizar y transparentar el sistema judicial en México.
