Gobierno de Sheinbaum Regresa al Modelo de López Obrador ante Resistencia del Poder Judicial
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
En medio de la controversia por la reforma al Poder Judicial de la Federación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su administración han decidido retomar el enfoque del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este lunes, en una conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, presentó una serie de irregularidades del Poder Judicial, justificando la decisión del gobierno ante la resistencia de los trabajadores del sector.
Rodríguez denunció que la independencia judicial se ve comprometida por el actual contexto, señalando que la reforma había sido vista como una amenaza al contrapeso que el Poder Judicial debería ejercer sobre el oficialismo. Al abordar el tema, la secretaria resaltó los alarmantes números de personas privadas de libertad que aún no han recibido sentencia: 6,097 de un total de 21,000 reclusos, algunos esperando decisiones judiciales que podrían tardar entre uno y once años.
Entre las acusaciones más graves, la funcionaria mencionó el caso de amparos y suspensiones emitidas por el Poder Judicial que han afectado proyectos significativos, como la construcción del Tren Maya, criticando la forma en que se han protegido intereses que atentan contra la ley y el bienestar público.
En un intento por exhibir la percepción de impunidad, Rodríguez también reveló los salarios percibidos por los altos funcionarios del Poder Judicial: 792,000 pesos anuales para los ministros, 4,490,441 pesos para magistrados, y hasta 5,529,000 pesos para consejeros de la Judicatura. Esta medida parece buscar deslegitimar a aquellos que se resisten a las reformas, argumentando que se favorecen a delincuentes en detrimento de la justicia.
La secretaria también hizo hincapié en las consecuencias del paro parcial de labores que los trabajadores del Poder Judicial han llevado a cabo, indicando que se han dejado de celebrar 12,448 audiencias debido al cierre de juzgados, lo que resalta la crisis que enfrenta el sistema judicial mexicano.
Entre los casos mencionados, se incluyó la liberación de José Alberto “N”, alias “La Kena”, presunto líder del Cártel del Golfo, y el caso de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, quienes habrían recibido favores judiciales significativos. Asimismo, se resaltaron decisiones de jueces que han beneficiado a figuras controversiales como Emilio Lozoya, implicado en el caso Odebrecht, y Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, a quien se le han otorgado amparos en varias ocasiones.
Este regreso a la retórica del gobierno de López Obrador plantea interrogantes sobre el futuro del Poder Judicial en México y la capacidad del gobierno para establecer un equilibrio entre la independencia judicial y la rendición de cuentas.
