Por Juan Pablo Ojeda
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que durante los primeros seis meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han logrado resultados significativos en materia de seguridad, destacando la detención de 18 mil 712 personas por delitos de alto impacto.
Durante el Informe de Seguridad presentado en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, García Harfuch detalló que las cifras corresponden al periodo del 1 de octubre de 2024 al 20 de abril de 2025.
“Del 1 de octubre al 20 de abril han sido detenidas 18 mil 712 personas por delitos de alto impacto”, puntualizó el funcionario.
Entre los resultados más relevantes, destacó el aseguramiento de 144 toneladas de drogas, entre las que se encuentran cerca de una tonelada y media de fentanilo y más de dos millones de pastillas del mismo opioide sintético, altamente adictivo y letal.
“Evitando que estas sustancias nocivas afecten la salud de miles de jóvenes”, expresó.
Asimismo, informó sobre el decomiso de más de nueve mil 600 armas de fuego, parte de los operativos realizados en diversas regiones del país. Uno de los datos más contundentes fue la destrucción de 839 laboratorios clandestinos y zonas de concentración dedicadas a la producción de metanfetamina en 17 estados del país, una cifra calificada como “sin precedentes” por el secretario.
Estas intervenciones, llevadas a cabo por el Ejército y la Marina, han derivado en el aseguramiento de más de un millón de litros y 200 toneladas de sustancias químicas utilizadas para la producción de drogas sintéticas.
“La destrucción de estos laboratorios representa cientos de millones de pesos que no llegarán a las organizaciones criminales. Estos recursos les ayudan a fortalecerse, comprar más armas y reclutar a más jóvenes, así como millones de dosis de drogas que ya no estarán en las calles”, subrayó García Harfuch.
Los resultados presentados refuerzan la narrativa del Gobierno Federal sobre su compromiso con el combate frontal al crimen organizado y el control del tráfico de estupefacientes, en medio de una estrategia de seguridad nacional que busca marcar una diferencia respecto a administraciones anteriores.
