CDMX a 10 de octubre, 2024.- El Gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), Ernestina Godoy Ramos, salió al paso este jueves para aclarar la controversia en torno a la reforma del Poder Judicial de la Federación. La polémica surgió debido a una aparente contradicción entre los artículos 94 y 97 de la Constitución Política de México, los cuales regulan la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante la conferencia matutina del 10 de octubre, Godoy explicó que, aunque ambos artículos parecen oponerse, la confusión se resuelve gracias a los artículos transitorios de la reforma. En particular, el artículo transitorio décimo segundo estipula que se derogan todas las disposiciones que entren en conflicto con el nuevo decreto, lo que, en efecto, invalida el contenido del artículo 97 que no fue modificado en la reforma.
Godoy dejó en claro que «lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma», y afirmó que la oposición ha intentado confundir a la ciudadanía a pesar de que es un tema “muy sencillo de entender”. El artículo 94, en su forma reformada, establece que la presidencia de la SCJN será rotativa cada dos años, basándose en el número de votos que obtenga cada candidatura en el pleno de ministros.
La controversia se originó cuando se detectó que el artículo 97, que no fue modificado, establece un periodo de presidencia de cuatro años sin posibilidad de reelección. Sin embargo, Godoy aseguró que el artículo reformado es el válido y que no hay lugar para interpretaciones alternativas.
Por su parte, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, señaló que este tipo de inconsistencias o antinomias son comunes en reformas constitucionales en todo el mundo, y que en este caso, se resolvió a través de mecanismos legislativos, como lo marca la ley.
Este tipo de antinomias no es exclusivo de México. Son situaciones que suceden en muchos países cuando se realizan reformas importantes. En este caso, la controversia se solucionó a través de la correcta interpretación de los artículos reformados y transitorios.
La reforma al Poder Judicial, que entró en vigor el 16 de septiembre, ha sido objeto de diversas críticas por parte de la oposición, que ha cuestionado tanto el proceso de aprobación como algunas de las disposiciones contenidas en el decreto. Sin embargo, el Gobierno ha sostenido que la reforma es clara y busca fortalecer la independencia y eficacia del sistema judicial en México.