Por Juan Pablo Ojeda

El Gobierno de México ha anunciado una serie de reformas clave para abordar la creciente crisis de desapariciones en el país, impulsadas por la reciente controversia en torno al hallazgo de un supuesto campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco. En respuesta a la indignación social y la presión por los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó nuevas iniciativas que incluyen la creación de una Plataforma Única de Identidad, una Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas, y un renovado Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas.

En su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que el gobierno tiene la responsabilidad de atender el problema de la desaparición y aseguró que continuará trabajando en soluciones efectivas para enfrentar esta tragedia nacional. “Nosotros tenemos la responsabilidad como Gobierno de atender el problema de la desaparición, y la estamos atendiendo y la vamos a seguir atendiendo”, afirmó.

Las reformas propuestas

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, detalló los elementos clave de las reformas que abarcarán cambios en la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Estas modificaciones establecerán una Plataforma Única de Identidad, que utilizará la Clave Única de Registro de Población (CURP) para facilitar la localización de personas desaparecidas. Asimismo, se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación, que se conectará con el Banco Nacional de Datos Forenses y las fiscalías de los 32 estados, así como con la Fiscalía General de la República.

Uno de los aspectos más importantes de esta reforma es la creación de un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que permitirá una reacción inmediata ante cualquier denuncia de desaparición, eliminando la necesidad de esperar las 72 horas que en algunos casos prolongan la acción de búsqueda.

“Debe abrirse una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna”, subrayó Godoy, añadiendo que las fiscalías también podrán acceder a datos de otros organismos públicos y privados, respetando la ley de protección de datos personales.

El caso del rancho de Teuchitlán

La implementación de estas medidas llega tras el alarmante hallazgo en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se reportaron fosas clandestinas, hornos de cremación y numerosos objetos personales, como 400 pares de zapatos, lo que generó una fuerte respuesta de las familias de los desaparecidos y colectivos de derechos humanos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el rancho Izaguirre funcionaba como un campo de adiestramiento para el CJNG, y no como un campo de exterminio, como se había señalado en algunos medios. Harfuch también informó sobre el avance en las investigaciones, destacando la detención de José Gregorio «N», alias El Lastra, líder de una célula delictiva dedicada al reclutamiento para el CJNG.

A pesar de la presión pública, Sheinbaum garantizó que se conocerá “la verdad del Rancho Izaguirre, no la verdad construida por alguien”, y señaló que desde septiembre las investigaciones estaban bajo la responsabilidad de la Fiscalía del Estado de Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano (MC). “Todos tenemos que tener la certeza de ese lugar, y tiene que salir la verdad porque no solo es un asunto de quien usa todo esto para fabricar verdades, sino que el pueblo de México tiene que saber la verdad”, comentó la presidenta.

La creciente crisis de desapariciones

México enfrenta una de las crisis de desapariciones más graves de su historia, con más de 120,000 personas desaparecidas y más de 50,000 cuerpos sin identificar. En este contexto, las reformas propuestas por el gobierno buscan no solo mejorar los mecanismos de respuesta ante desapariciones, sino también crear una red más eficiente de colaboración entre las autoridades federales y estatales.

Con estas acciones, el Gobierno de México pretende dar un paso significativo para combatir la desaparición forzada y los crímenes relacionados con el narcotráfico, además de reforzar el compromiso de garantizar justicia y verdad para las víctimas y sus familias.