CDMX a 29 de agosto, 2024.- El Gobierno de la Ciudad de México ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos de los inquilinos y la promoción de la justicia social al publicar en la Gaceta Oficial nuevas reformas al Código Civil y a la Ley de Vivienda. Estas reformas buscan frenar el aumento excesivo de las rentas en la capital y establecer una base para la construcción de viviendas públicas a bajo costo, destinadas a personas de menores ingresos, jóvenes, madres jefas de familia y trabajadores.
El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, destacó que estas modificaciones representan un acto de justicia social, en línea con los principios de la Cuarta Transformación. “Hoy se publica la reforma en materia de límites a los aumentos en el costo de la renta de vivienda en la Ciudad de México, es decir, para poner freno a los incrementos excesivos en los arrendamientos de departamentos y casas de la capital del país,” afirmó Batres. Estas reformas son esenciales para cerrar la brecha entre la inflación y los costos de renta, evitar abusos en los arrendamientos y frenar la gentrificación que amenaza con expulsar a los habitantes más vulnerables de la ciudad.
Las reformas al Código Civil, aprobadas el pasado 22 de agosto por el Congreso capitalino, introducen límites claros a los aumentos de renta, estableciendo que “el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior.” Además, se creará un registro digital de contratos de arrendamiento para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley.
Por otro lado, las modificaciones a la Ley de Vivienda sientan las bases para una política de construcción masiva de viviendas de alquiler a bajo costo, dirigida a sectores de la población como jóvenes, madres jefas de familia, trabajadores y personas en situación de pobreza. “El Gobierno de la Ciudad de México promoverá la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos,” explicó Batres, subrayando la necesidad de una redistribución del ingreso para garantizar este derecho fundamental.
El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Inti Muñoz Santini, recordó que las reformas son una respuesta a la crisis habitacional que ha afectado a la ciudad en los últimos años, especialmente durante el sexenio pasado, cuando las rentas se dispararon y se fomentó una lógica neoliberal que veía la vivienda más como un negocio que como un derecho humano.
Muñoz Santini enfatizó que el aumento desmedido de las rentas y la gentrificación no son inevitables y deben ser combatidos a través de políticas públicas claras. “La gentrificación no es buena en ningún caso para la ciudad; debemos evitarla y combatirla, apostando por una ciudad plural, económicamente sostenible, democrática e inclusiva,” declaró.
El Gobierno capitalino también anunció que estas políticas serán continuadas y reforzadas por la próxima administración de la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina, quien se compromete a llevar a cabo las tareas derivadas de estas reformas para asegurar vivienda asequible a largo plazo.
Con estas reformas, la Ciudad de México se alinea con otras ciudades globales, como París, que han implementado políticas para proporcionar viviendas asequibles en alquiler. Estas acciones buscan asegurar que el mercado inmobiliario no solo beneficie a unos pocos, sino que responda a las necesidades de la población en general, garantizando un derecho tan fundamental como el acceso a una vivienda digna y adecuada.
El Decreto también establece un registro digital obligatorio de contratos de arrendamiento, que debe ser implementado en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del Decreto, mientras que los contratos ya existentes deberán registrarse en un plazo de 90 días.