Gobierno de AMLO niega persecución a periodistas de Latinus
Editor web Maya Comunicación 
En medio de una creciente controversia sobre la libertad de prensa en México, Elizabeth García Vilchis, reconocida presentadora del segmento «Quién es quién de las mentiras de la semana», se ha visto envuelta en un intenso debate tras sus recientes declaraciones durante la conferencia matutina del gobierno.
García Vilchis, conocida por su firme postura a favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, utilizó argumentos mayormente alineados con la narrativa oficial para abordar las acusaciones de persecución a periodistas. Esto se produjo después de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, presentara informes sobre movimientos financieros relacionados con colaboradores de Latinus, entre ellos María Scherer, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo.
Durante su intervención, García Vilchis enfatizó que las investigaciones de la UIF no están dirigidas contra los periodistas en sí, sino contra la empresa Latinus. Según la presentadora, Latinus habría recibido 2 mil 437 millones de pesos de entidades gubernamentales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre 2019 y 2024, fondos que presuntamente fueron utilizados de manera irregular, incluyendo movimientos hacia paraísos fiscales y posterior retorno a México para el pago de salarios a sus empleados.
«No se trata de perseguir a periodistas», afirmó García Vilchis, refiriéndose a una tabla de salarios que detalló durante la transmisión. Sin embargo, mencionó nombres reconocidos en el ámbito periodístico como parte de las indagatorias, lo que ha avivado las críticas sobre la presunta intención de amedrentar a la prensa crítica.
La presentadora defendió vigorosamente al gobierno de López Obrador de las acusaciones de censura y autoritarismo, señalando que las acciones de la UIF buscan asegurar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos destinados a los medios de comunicación. En sus palabras, algunos periodistas «venden sus líneas» para desacreditar al gobierno, acusándolos de practicar lo que denominó como «textoservicio».
Este incidente ha reavivado el debate sobre la relación entre el gobierno mexicano y la libertad de expresión, destacando la delicada línea entre la fiscalización legítima y la supuesta persecución política hacia la prensa crítica. Mientras tanto, las reacciones tanto a favor como en contra de las declaraciones de García Vilchis continúan polarizando a la opinión pública y al gremio periodístico en el país.
