Por Bruno Cortés

Movimiento Ciudadano elevó la presión política sobre Sinaloa. Desde el Senado y en plena sesión de la Comisión Permanente, legisladores del partido anunciaron que ya presentaron una solicitud formal para iniciar juicio político y retirar el fuero a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y al exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, en medio de la crisis política y de seguridad que rodea al estado.

La ofensiva fue encabezada por el diputado Gibrán Ramírez Reyes, acompañado por el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda. El mensaje fue claro: el partido quiere que las investigaciones avancen sin obstáculos legales y que los funcionarios señalados enfrenten cualquier proceso sin protección política.

Para entender el fondo del asunto, hay que explicar qué significa realmente pedir un desafuero y un juicio político. El fuero es una figura constitucional que protege a ciertos funcionarios públicos para evitar que sean procesados penalmente mientras ocupan el cargo. En teoría, busca impedir persecuciones políticas; en la práctica, muchas veces se convierte en un escudo que retrasa investigaciones judiciales.

Por eso MC insiste en que el debate no debe centrarse en si los funcionarios piden licencia o no, sino en garantizar que puedan ser investigados. Según los legisladores, aunque algunos de los señalados hayan solicitado separarse temporalmente de sus cargos, todavía conservan una relación política e institucional que podría complicar los procedimientos legales.

Gibrán Ramírez incluso lanzó una acusación política delicada: afirmó que Rocha Moya podría reincorporarse al cargo cuando resulte conveniente políticamente, gracias al respaldo del Congreso local. Con ello, MC busca dejar sentado que, desde su perspectiva, los señalados no deben mantener ninguna inmunidad procesal.

El caso también refleja cómo se cruzan la política y el derecho en México. El diputado recordó que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos permite presentar denuncias de este tipo incluso sin que exista una solicitud previa del Ministerio Público. Es decir, los ciudadanos o legisladores pueden impulsar mecanismos de responsabilidad política desde el Congreso.

Pero más allá del procedimiento jurídico, el discurso de MC apunta a algo más profundo: sostienen que en Sinaloa existe un deterioro institucional grave. El partido asegura que desde el asesinato de Héctor Melesio Cuén el estado entró en una etapa de ingobernabilidad marcada por el avance del crimen organizado y la pérdida de confianza en las instituciones.

Aquí aparece un concepto importante de política pública: la gobernabilidad. Cuando un estado pierde capacidad para garantizar seguridad, aplicar la ley o mantener confianza institucional, se habla de una crisis de gobernabilidad. Y justo ahí es donde MC coloca actualmente a Sinaloa.

El diputado Juan Zavala reforzó esa narrativa al señalar que el retiro del fuero no significa una condena automática, sino permitir que las investigaciones sigan su curso normal. Según explicó, la postura del partido busca defender tanto el debido proceso como la presunción de inocencia, evitando que los cargos públicos funcionen como barreras legales.

La discusión también tiene implicaciones nacionales. En un momento donde México enfrenta presión internacional por temas de seguridad y presuntos vínculos entre política y crimen organizado, este tipo de solicitudes aumentan la tensión dentro del Congreso y colocan a Sinaloa en el centro del debate político.

Al final, lo que MC está impulsando no es solo una batalla legal, sino una disputa sobre la credibilidad de las instituciones y la capacidad del Estado para investigar a sus propios funcionarios sin importar el cargo que ocupen.