Por Juan Pablo Ojeda
Gerardo Ortiz, el reconocido cantante de música regional mexicana, hizo su reaparición pública el jueves al salir del tribunal federal del Distrito Central de California, donde testificó como parte del juicio contra Ángel del Villar, fundador del sello discográfico DEL Records, acusado de violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).
Ortiz, quien previamente había aceptado un cargo de conspiración por ofrecer conciertos organizados por Jesús Pérez Alvear, conocido como “Chucho” Pérez y señalado por sus vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), colaboró con las autoridades en el caso que ha sacudido la industria del regional mexicano. La declaración de culpabilidad de Ortiz, firmada en febrero de este año, había permanecido bajo reserva hasta que el fiscal federal Alexander Schwab confirmó su cooperación durante el juicio.
El cantante, quien participó en al menos 19 conciertos organizados por Pérez entre 2018 y 2019, recibió alrededor de 1.5 millones de dólares por su actuación. El FBI había advertido a Ortiz sobre las implicaciones legales de mantener cualquier relación con Pérez Alvear, después de que este fuera sancionado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2018. Sin embargo, Ortiz defendió su posición al declarar que solo se encargaba de cantar y que las negociaciones eran responsabilidad de otros.
El testimonio de Ortiz es clave para el juicio contra Del Villar, quien está acusado de continuar trabajando con Pérez Alvear a través de su subsidiaria DEL Entertainment, lo que violaría la Ley Kingpin. A pesar de las posibles repercusiones penales, Ortiz se mostró tranquilo al salir del tribunal, asegurando a la prensa que no temía el proceso judicial.
El caso ha acaparado la atención en la industria musical, ya que involucra a figuras prominentes del género regional mexicano y se encuentra vinculado a una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina. La colaboración de Ortiz con la justicia podría influir en su sentencia, con una pena máxima de hasta 10 años de prisión.
