El reconocido cantante de música regional mexicana, Gerardo Ortiz, ha sacudido al mundo del espectáculo al declararse culpable de conspiración por violar la Ley Kingpin de Estados Unidos. Esta ley prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con personas o entidades involucradas en el narcotráfico. Ortiz admitió haber participado en al menos seis conciertos en México organizados por Jesús «Chucho» Pérez Alvear, un promotor sancionado en 2018 por presunto lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante el inicio del juicio contra Ángel del Villar, director de la disquera DEL Records, el fiscal federal adjunto Alexander Schwab reveló que Ortiz se declaró culpable de «conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante especialmente designado» y acordó testificar en contra de Del Villar. Según la Fiscalía, aunque inicialmente Ortiz dudó en presentarse en eventos vinculados al crimen organizado, Del Villar lo persuadió para continuar con las actuaciones.
En 2018, el FBI informó a Ortiz sobre los vínculos de Pérez Alvear con el CJNG y las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro. A pesar de las advertencias, Ortiz continuó actuando en conciertos organizados por Pérez Alvear, acumulando un total de 19 presentaciones adicionales.
La Ley Kingpin, implementada en 1999, permite al gobierno de Estados Unidos sancionar a individuos y entidades extranjeras involucradas en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones pueden incluir la congelación de activos en territorio estadounidense y prohibiciones de hacer negocios con entidades estadounidenses.
Este caso destaca la compleja relación entre la industria musical y el narcotráfico en México, evidenciando cómo figuras prominentes pueden verse involucradas, ya sea directa o indirectamente, en actividades ilícitas. La colaboración de Ortiz con las autoridades podría influir en su sentencia, mientras que el juicio contra Del Villar continúa desarrollándose en una corte federal de Los Ángeles.
