García Luna pide clemencia al juez antes de su sentencia de 38 años en EE.UU.

Por Juan Pablo Ojeda

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón, fue sentenciado a 38 años de prisión tras ser declarado culpable de narcotráfico y otros cuatro cargos relacionados. La lectura de la condena fue liderada por el juez estadounidense Brian M. Cogan, quien previamente dictó cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

García Luna cumplirá su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, donde también está recluido el conocido narcotraficante del cártel de Sinaloa. Además, deberá pagar una multa de 2 millones de dólares por los delitos que se le imputaron, que incluyen participar en una empresa criminal continua y conspiración para la distribución internacional de cocaína.

Antes de recibir su sentencia, García Luna solicitó clemencia al juez Cogan en una carta donde expresaba su deseo de regresar con su familia. «Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos, le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia», escribió, pidiendo que se consideraran todos los factores que llevaron a su juicio.

La carta también hizo hincapié en lo que García Luna consideró “información falsa” proporcionada por el gobierno mexicano y la supuesta complicidad de testigos-criminales en su contra. «Le pido respetuosamente su consideración para que se consideren todos los factores que dieron origen a este juicio», insistió en la misiva, defendiendo su trayectoria en el combate al narcotráfico.

García Luna, de 56 años, expresó en su carta que durante su tiempo como autoridad fue «implacable en contra de los criminales que producen, trafican y lucran con drogas». Con su condena, se estima que podría ser liberado a los 89 años, tras restar los cinco años que ya pasó en prisión desde su arresto.

La sentencia de García Luna marca un hito en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en México, y refleja un claro mensaje sobre la gravedad de los vínculos entre autoridades y criminales. La justicia estadounidense ha tomado un firme papel en este proceso, señalando la necesidad de rendir cuentas incluso para aquellos que alguna vez ocuparon altos cargos en el gobierno.