Ciudad de México, 16 de febrero del 2024.– Ante el creciente problema de la usurpación de identidad y el mal uso de las tecnologías digitales, el diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete, del partido Morena, ha presentado una iniciativa legislativa que busca tipificar como delito la usurpación de identidad, con el objetivo de ofrecer una respuesta contundente a una de las formas de delincuencia que más rápidamente está creciendo en México.
En un contexto marcado por la revolución tecnológica, Pérez Navarrete señaló la necesidad urgente de adaptar el marco legal para enfrentar los nuevos retos que plantea la ciberdelincuencia. La propuesta sugiere reformar el artículo 430 del Código Penal Federal, estableciendo sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes, utilizando cualquier medio —incluidas las tecnologías digitales—, se apropien, transfieran, utilicen o dispongan de datos personales sin autorización.
Esta iniciativa llega en un momento crítico, dado el alarmante incremento en los casos de usurpación de identidad, impulsados en parte por el avance de herramientas como la clonación de voces mediante inteligencia artificial. Estas tecnologías permiten a los delincuentes replicar la voz de una persona a partir de una breve muestra de audio, facilitando la comisión de fraudes y estafas que van desde el envío de mensajes fraudulentos hasta la inducción para realizar pagos indebidos.
Además de los daños patrimoniales, el diputado destacó que estas prácticas también atentan contra la dignidad de las personas, mediante la creación de imágenes íntimas falsas o el robo de información financiera con fines de manipulación política.
Los datos del Banco de México colocan al país en el octavo lugar a nivel mundial en incidencia de este tipo de delitos, con un alto porcentaje de casos relacionados con la pérdida de documentos, el robo de carteras y la obtención directa de información de tarjetas bancarias.
La propuesta de Pérez Navarrete no solo busca sancionar estas acciones, sino también promover un uso ético y responsable de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, garantizando la seguridad y la confianza en el entorno digital.