Morelos a 5 de septiembre, 2024.- Una jueza federal ha lanzado un freno importante a la polémica reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La jueza Quinta de Distrito en Morelos, Martha Magaña López, concedió una suspensión definitiva que impide el avance de la discusión y posible aprobación de la reforma en el Senado y su envío a los Congresos locales para su ratificación. Esta decisión judicial se presenta como un obstáculo crucial en el camino de la iniciativa impulsada por la mayoría legislativa de Morena, PT y PVEM.
La jueza Magaña López dictaminó que, hasta que no se resuelva de fondo el asunto legal planteado en el amparo, el Congreso de la Unión debe abstenerse de enviar la reforma a los Congresos locales. Esta medida no solo frena el proceso legislativo en curso sino que también pone en entredicho la legalidad de los procedimientos que llevaron a la aprobación inicial de la reforma en la Cámara de Diputados.
Este dictamen judicial se deriva de una serie de medidas previas, en las que la jueza había emitido una suspensión provisional que ya prohibía a los diputados discutir el dictamen de la reforma. Sin embargo, en un acto de desafío a la orden judicial, la Cámara de Diputados continuó con la sesión y aprobó la reforma, ignorando la disposición judicial.
La suspensión definitiva emitida por la jueza implica que el Senado no debe discutir la minuta de la reforma ni enviarla a las legislaturas estatales. A pesar de esta orden, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado habían citado una sesión para iniciar la discusión el domingo 8 de septiembre. Esto genera una tensión significativa entre el poder judicial y el legislativo, planteando preguntas sobre el respeto al estado de derecho y la separación de poderes en México.
En la Cámara de Diputados, la mayoría legislativa rechazó cumplir con las órdenes judiciales, lo que generó críticas y advertencias de la oposición sobre el posible desacato. El escenario en el Senado podría ser similar, con Morena y sus aliados buscando avanzar con la reforma a pesar de la suspensión judicial. Sin embargo, la oposición ha manifestado su intención de mantenerse unida y evitar que se logre la mayoría calificada necesaria para la aprobación de la reforma.
La decisión de la jueza Magaña López ha sido recibida con fuertes reacciones de ambos lados del espectro político. Los aliados de López Obrador han criticado la suspensión como una interferencia judicial en asuntos legislativos, argumentando que se trata de un freno a la voluntad popular expresada en las urnas. Por otro lado, la oposición celebra la decisión como una defensa del estado de derecho y una protección a la autonomía del Poder Judicial.
Este conflicto se presenta como un nuevo capítulo en la disputa entre los poderes del Estado en México, con implicaciones significativas para la estabilidad política y el futuro de las reformas impulsadas por el gobierno de López Obrador. La suspensión judicial no solo impide el avance de la reforma, sino que también plantea un desafío a la cohesión del bloque de la mayoría en el Senado, donde Morena y sus aliados no cuentan con una mayoría calificada por un solo voto.
Con la suspensión definitiva en vigor, el futuro de la reforma al Poder Judicial es incierto. Si el Senado decide ignorar la orden judicial y procede con la discusión y votación de la reforma, podría desencadenar una serie de desafíos legales y políticos, incluyendo la posibilidad de una crisis constitucional. Por ahora, la pelota está en la cancha del Senado y de la mayoría legislativa, quienes deberán decidir si acatan la suspensión o desafían abiertamente la autoridad judicial.