México, a 24 de septiembre de 2023 — La delincuencia digital está al alza en México, con hasta 15,000 fraudes y 13,000 extorsiones registradas diariamente, según un estudio reciente del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República. El informe titulado “El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo” muestra cómo los delincuentes están cada vez más sofisticados, empleando tecnologías de la información para estafar y perjudicar el patrimonio de sus víctimas.
El documento, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre, señala que la mayoría de estos delitos no son denunciados, lo que representa una «cifra negra» en la incidencia delictiva, principalmente en casos de fraude. Este fenómeno oculta el verdadero alcance del problema y dificulta la aplicación de estrategias de prevención y persecución.
Modalidades de Fraude
Entre las tácticas más comunes de estafa se encuentran los «montadeudas», pirámides financieras, llamadas de extorsión, falsos premios, venta de productos apócrifos y suplantación de identidad. “Son algunas de las modalidades más recurrentes mediante las cuales se busca enganchar a las víctimas y obtener un beneficio económico de manera ilegal”, detalla el estudio.
Distribución Geográfica del Fraude
La Ciudad de México encabeza la lista de entidades donde más se comete este tipo de delitos, con 9,651 casos registrados. Le siguen el Estado de México con 6,002; Jalisco con 4,077; Chihuahua con 2,276; Nuevo León con 2,176; y Guanajuato con 2,120. Por el contrario, los estados con menor número de estos delitos son Nayarit con 146, Chiapas con 104, Quintana Roo con 77, Yucatán con 51 y Tlaxcala con apenas 14.
Esfuerzos Legislativos
El estudio también destaca las iniciativas legislativas que buscan combatir estos delitos. Desde el inicio del actual periodo legislativo en septiembre de 2021, se han presentado 16 reformas legales, de las cuales 11 están pendientes de análisis, dos han sido retiradas, dos desechadas y una está pendiente de ser presentada en la Comisión Permanente del Congreso mexicano.
Este estudio pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar el problema del fraude y la extorsión en México, especialmente en una era digital donde estos delitos pueden perpetrarse con mayor facilidad y alcance.