El caso de la exconductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ha encendido los reflectores en México. Ambos enfrentan acusaciones de fraude y corrupción, y actualmente se encuentran prófugos en Estados Unidos. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, expuso los detalles del caso y reiteró la intención del gobierno mexicano de lograr su extradición.

Según Gómez, la pareja habría obtenido grandes sumas de dinero a través de contratos irregulares en el sistema penitenciario. «Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, de tal manera que la justicia los empezó a perseguir», explicó. A pesar de contar con órdenes de aprehensión, un tribunal ordenó descongelar sus cuentas bancarias, permitiéndoles acceder nuevamente al sistema financiero mexicano.

Esta decisión judicial ha generado fuertes críticas por parte de la presidenta Sheinbaum, quien señaló que este tipo de resoluciones evidencian la corrupción en el sistema de justicia. «Estamos hablando de 35 mil millones de pesos. Una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio», afirmó, en referencia a la próxima reforma judicial que busca transformar el Poder Judicial mediante la elección popular de jueces y magistrados.

El caso de Gómez Mont no solo pone en tela de juicio la efectividad de las instituciones mexicanas para combatir la corrupción, sino que también subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia. Mientras tanto, la UIF continúa trabajando para que la pareja enfrente sus responsabilidades legales en México.

La extradición de Gómez Mont y Álvarez Puga se ha convertido en un tema prioritario para el gobierno mexicano, que busca enviar un mensaje claro contra la impunidad. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos legales y diplomáticos que podrían prolongar su resolución.

Este caso es un recordatorio de los desafíos que enfrenta México en su lucha contra la corrupción y la impunidad, y de la importancia de contar con un sistema judicial sólido y transparente.