CDMX a 5 de diciembre, 2024.- El juez Francisco Salazar Silva ha absuelto a Diego «N», el exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusado de manipular y comercializar fotos íntimas de sus compañeras usando inteligencia artificial. Este fallo ha desatado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la aplicación de la justicia en casos de violencia digital.
Diego «N» enfrentaba cargos por alterar digitalmente miles de fotografías de estudiantes del IPN para fines sexuales. A pesar de la existencia de más de 166,000 imágenes y videos íntimos de mujeres en su dispositivo móvil, el juez Salazar consideró que no había pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado.
Actualmente juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Salazar Silva no es ajeno a la controversia. Su historial incluye fallos polémicos, especialmente en casos de violencia de género, lo que ha provocado críticas de colectivos feministas y activistas.
A pesar de haber sido ratificado tres veces como juez y contar con evaluaciones satisfactorias, Salazar Silva carece de formación específica en perspectiva de género. Este vacío en su preparación ha sido señalado como una posible explicación para sus controvertidas decisiones.
Salazar Silva busca ascender en su carrera judicial, habiéndose registrado como candidato a magistrado para las elecciones judiciales de 2025. Sin embargo, su decisión de negar la presencia de la prensa en el juicio de Diego «N», contraviniendo los principios de transparencia del nuevo sistema de justicia penal, ha añadido más leña al fuego de las críticas.
La absolución ha generado una respuesta inmediata. Valeria Martínez, abogada de las víctimas, ha anunciado que apelarán la decisión, argumentando que el juez no consideró adecuadamente las pruebas presentadas14. Por su parte, activistas y estudiantes del IPN han expresado su indignación, prometiendo continuar la lucha por la justicia.
Este caso no solo ha puesto de manifiesto las complejidades legales que rodean a los delitos digitales, sino que también ha abierto un debate sobre la necesidad de jueces con formación en perspectiva de género para abordar casos de violencia contra las mujeres en la era digital.