El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó en conferencia de prensa sobre los avances en la investigación sobre el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y reveló que algunas de las identificaciones encontradas en el lugar pertenecen a personas detenidas en otros estados del país, presuntos sicarios de cárteles criminales.

El rancho, que fue intervenido en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, ha sido el centro de una serie de irregularidades durante las diligencias ministeriales realizadas en ese entonces. Según Gertz Manero, no se cumplió con el debido proceso de registro de todos los indicios encontrados, especialmente las prendas de vestir y los cientos de pares de calzado que quedaron abandonados en el sitio. Esto, explicó, generó inconsistencias en la recolección y seguimiento de las pruebas.

El fiscal detalló que, a partir de la intervención del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco a inicios de marzo, se han localizado más de 1,300 indicios en el rancho, incluidos artículos personales como maletas, calzado y documentos de identificación. Inicialmente se había especulado que estos documentos correspondían a jóvenes que habrían sido reclutados por el crimen organizado, pero Gertz Manero aclaró que, en realidad, algunas de estas identificaciones pertenecen a presuntos delincuentes que fueron detenidos en diversas entidades del país.

A pesar de la información sobre los detenidos, Gertz Manero descartó que las identificaciones localizadas correspondan a personas desaparecidas, como inicialmente se había rumoreado. Además, confirmó el hallazgo de restos óseos, aunque aclaró que los informes de la Fiscalía de Jalisco no garantizan la credibilidad ni las características exactas de estos restos.

El fiscal también señaló varias omisiones durante las diligencias de septiembre de 2024, entre ellas la falta de un registro completo de los indicios encontrados en el lugar, la ausencia de procesamiento adecuado de vehículos, la falta de intervención inmediata de la FGR por delitos relacionados con armas de fuego y delincuencia organizada, y la no identificación de huellas dactilares encontradas en el rancho. Gertz Manero subrayó la necesidad de esclarecer los vínculos entre las autoridades locales y los grupos delictivos que operan en la región, y la falta de seguimiento a las declaraciones de una de las víctimas que estuvo presente en el rancho.

Este caso pone de relieve las complicidades y omisiones dentro de las investigaciones, al mismo tiempo que refuerza las sospechas sobre la utilización del rancho como un centro de adiestramiento y reclutamiento por parte de cárteles, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación.