La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado varias omisiones por parte de las autoridades de Jalisco en relación con el caso del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. En conferencia de prensa, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, detalló las fallas cometidas durante las investigaciones iniciales del caso y solicitó a las autoridades estatales que entreguen de forma urgente los peritajes definitivos y todas las actuaciones vinculadas a este expediente.

El caso, que involucra presuntos actos de crimen organizado, ha despertado una gran preocupación debido a las graves irregularidades encontradas en las diligencias realizadas el año pasado. Según Gertz Manero, las autoridades de Jalisco no realizaron el rastreo de indicios ni se dio un registro adecuado de los objetos hallados, entre ellos prendas de vestir y calzado abandonados, lo que podría ser clave para esclarecer los hechos. Además, los vehículos encontrados en el rancho fueron mal procesados, y algunos de ellos ya habían sido reportados como robados.

Otra de las fallas señaladas fue la falta de intervención inmediata por parte de la FGR, a pesar de los delitos de posesión de armas de alto calibre y delincuencia organizada que se estaban cometiendo en la zona. Las autoridades locales también omitieron realizar una inspección exhaustiva del lugar y no se llevó a cabo la identificación inmediata de huellas dactilares encontradas en el sitio.

Una de las omisiones más graves, según el informe de la FGR, es que seis meses después del hallazgo de restos humanos en el rancho, los servicios periciales de Jalisco aún no han emitido un dictamen definitivo sobre la antigüedad e identidad de los restos. Además, no se han realizado análisis que vinculen de manera directa las zanjas encontradas en el lugar con la posibilidad de actividades crematorias.

El caso ha revelado posibles vínculos entre las autoridades locales y los cárteles de la región, ya que personas que fueron secuestradas en el rancho han señalado la participación de funcionarios en actividades ilícitas. Sin embargo, hasta el momento, las investigaciones no han esclarecido completamente estos nexos.

El presidente de la FGR afirmó que la institución se hará responsable de la investigación, especialmente tras obtener indicios suficientes que podrían configurar delitos federales. Aseguró que el avance de la investigación será tratado con la máxima prioridad y que los resultados se darán a conocer lo más pronto posible para garantizar que no haya impunidad.

Este caso ha cobrado gran relevancia debido a los graves hallazgos realizados en el rancho Izaguirre, donde se encontró un supuesto «campo de concentración» utilizado para el reclutamiento de personas y al menos tres crematorios clandestinos operados por el crimen organizado. Entre los objetos encontrados en el lugar se contabilizaron más de mil pertenencias personales, principalmente de mujeres, que refuerzan la gravedad de la situación.

Ante estos hechos, el gobierno de México anunció que fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de personas desaparecidas, implementando nuevas tecnologías como drones y georradares para agilizar las labores de localización y seguimiento de los desaparecidos.