Por Juan Pablo Ojeda

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos ha decidido iniciar una indagatoria interna para investigar posibles irregularidades en la integración de la carpeta de investigación contra el diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo. Este anuncio surge un día después de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazara la solicitud de desafuero en su contra, al considerar que el caso carece de una investigación adecuada.

El Fiscal del Estado, Edgar Maldonado Ceballos, instruyó a la Visitaduría General y de Asuntos Internos de la FGE a realizar un análisis exhaustivo para identificar cualquier deficiencia u omisión en la investigación. En caso de que se detecten irregularidades, la Fiscalía se comprometió a iniciar los procedimientos correspondientes, que podrían incluir sanciones a servidores públicos responsables de dichas fallas.

La decisión de la FGE de revisar el proceso surge después de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazara el desafuero, alegando que la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía no cumplía con los estándares de una indagatoria profesional y técnica. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora, destacó que la fiscalía no había realizado diligencias clave como entrevistas, inspecciones oculares ni peritajes pertinentes. Además, señaló que los informes psicológicos presentados resultaron contradictorios, lo que afectó la validez de los datos presentados en la carpeta.

Según la fiscalía de Morelos, la investigación comenzó en octubre de 2024, tras la denuncia presentada por la víctima, y la carpeta fue integrada entre esa fecha y principios de febrero de 2025. En respuesta a la postura de la Cámara de Diputados, la Fiscalía señaló que respetará los argumentos de la Sección Instructora, pero emitirá un pronunciamiento que no perjudique la investigación en curso.

La solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco, originada por presuntas acusaciones de delitos sexuales, no procedió debido a la falta de pruebas contundentes en la investigación y la insuficiencia de diligencias pertinentes para sustentar la acusación. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados subrayó que la carpeta de investigación no se apegó al Protocolo de Género del Estado de Morelos y carecía de pruebas que justificaran la solicitud de desafuero.