Por Bruno Cortés
En medio de un panorama político complicado, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, enfrenta un dilema importante con la reciente reforma judicial impulsada por la Cuarta Transformación. Esta reforma, que busca que los jueces y magistrados sean elegidos directamente por el pueblo, ha generado tensiones entre el Congreso y el Poder Judicial. En una charla con El Universal, Noroña no se guardó nada y dejó claro que las cosas podrían ponerse feas.
Según él, la Suprema Corte está actuando de manera provocadora al aceptar recursos y amparos que, en su opinión, no deberían estar sobre la mesa. Esto podría llevar a un enfrentamiento serio si la Corte decidiera declarar inconstitucional alguna parte de la reforma. “Si ellos se atreven a decir que es inconstitucional la Constitución, estaríamos ante un conflicto de dimensiones mayúsculas”, advirtió el senador, pintando un cuadro de una crisis institucional que nadie quiere ver.
Pero, ¿qué es lo que realmente propone esta reforma? Básicamente, busca democratizar el sistema judicial, permitiendo que los ciudadanos voten por quienes los juzgarán. Para Noroña, esto no es solo una cuestión técnica, sino el corazón del debate actual. Sostiene que muchas de las discusiones en torno a la reforma son solo «gritería» y «distracción», y que el verdadero problema es la arrogancia del Poder Judicial, que parece querer colocarse por encima de los otros poderes y del pueblo mismo.
A pesar de su escepticismo hacia el Poder Judicial, Noroña está a favor de construir un acuerdo de transición que permita implementar estos cambios de manera ordenada. «La experiencia muestra que ese poder no cumple su palabra», dijo, pero aún así, considera que es vital evitar una confrontación que podría desestabilizar al país. Subrayó que los actuales integrantes de la Suprema Corte y otros jueces tienen la opción de ser reelegidos si el pueblo así lo decide en 2025, un aspecto que, a su juicio, no se ha difundido lo suficiente.
Fernández Noroña enfatiza que, aunque la reforma es un mandato del pueblo expresado en las elecciones del 2 de junio, es fundamental buscar un acuerdo para garantizar que la transición se haga sin sobresaltos. «Nadie sale beneficiado en un escenario de colisión», concluyó, resaltando su compromiso por un diálogo constructivo que lleve a una transformación judicial que beneficie a todos los mexicanos.
Con esta postura, el senador no solo está defendiendo la reforma, sino también llamando a la responsabilidad y al entendimiento entre las instituciones. La pregunta que queda en el aire es: ¿será posible encontrar ese equilibrio, o estamos a las puertas de un choque entre poderes que podría dejar secuelas profundas en la política mexicana?