Estudio del IBD revela la creciente violencia político-electoral en México y llama a la acción del Congreso
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 8 de julio, 2024.- Un estudio reciente de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD) ha revelado un alarmante incremento en la violencia político-electoral en México. Titulado “Aspectos generales de la violencia político-electoral en el proceso 2023-2024”, el informe elaborado por la investigadora Susana Ramírez Hernández destaca la creciente intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales y subraya la necesidad de que el Congreso actúe para mitigar esta situación.
De acuerdo con investigaciones de Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, entre 2018 y 2023 se reportaron 1,373 eventos de violencia político criminal. El estudio del IBD confirma esta tendencia al alza, señalando que en el proceso electoral de 2023-2024 se registraron 318 agresiones, incluyendo asesinatos, amenazas, atentados y secuestros, solo entre el 4 de junio de 2023 y el 29 de mayo de 2024.
En términos de violencia, MORENA fue el partido más afectado con 11 homicidios, seguido del PAN con 8. En cuanto a atentados, los candidatos de MORENA fueron víctimas de 16 ataques y los del PRI de 9. Estos datos subrayan la urgencia de abordar la violencia político-electoral de manera efectiva y sistemática.
El Congreso de la Unión tiene la facultad de incidir en la atención de esta violencia mediante cambios legislativos y el nombramiento de magistrados electorales. La investigación del IBD concluye que ambas Cámaras deben legislar para fortalecer las normas en materia de delitos electorales, mejorar los procedimientos y competencias para atender la violencia política y establecer sanciones más severas para desincentivar su presencia en los procesos electorales.
Además, el estudio hace un llamado a las autoridades para implementar medidas preventivas y de protección para candidatos y miembros de partidos políticos, así como garantizar un entorno seguro y justo para todos los actores involucrados en las elecciones.
La violencia político-electoral no solo pone en riesgo la vida de los candidatos y miembros de partidos, sino que también socava la confianza pública en los procesos democráticos. Es esencial que el Congreso y las autoridades competentes tomen medidas concretas para frenar esta tendencia y proteger la integridad de los procesos electorales en México.
