CDMX a 8 de abril, 2024.- Durante la segunda sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia en San Luis Potosí, expertos, funcionarios y ciudadanía convergieron en la urgente necesidad de una mayor coordinación entre las instancias jurisdiccionales del país. Este encuentro, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), resaltó la imperiosa tarea de brindar a la sociedad un acceso más efectivo a la justicia.
El llamado es claro: es esencial fortalecer los mecanismos de coordinación entre todas las instituciones jurisdiccionales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía. La capacitación adecuada de las autoridades en la atención a víctimas del delito fue otra de las preocupaciones centrales discutidas. Según la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, «normalmente no escuchamos a las víctimas y al no escucharlas no las atendemos de una manera eficaz.»
La complejidad del sistema legal mexicano, sumada a un desconocimiento generalizado sobre lo que implica la seguridad pública, contribuye a una percepción errónea y desinformada sobre la procuración de justicia. Este malentendido, a su vez, afecta la eficacia de los sistemas de seguridad pública, según detallaron María Gabriela Ávila Veyna del Poder Judicial de San Luis Potosí y representantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo San Luis Potosí.
Otro punto crítico destacado fue la falta de interconexión entre las diversas plataformas tecnológicas existentes dentro del sistema de justicia. José Mario de la Garza, presidente de la Fundación Perteneces, señaló la necesidad de un sistema más homogéneo y estándares comunes que faciliten su uso para los ciudadanos y coadyuven en la defensa de las personas en situaciones de vulnerabilidad judicial.
El Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia se posiciona como un foro esencial para abordar estos desafíos, promoviendo el diálogo y la colaboración interinstitucional. Con sesiones futuras programadas, como la del 11 de abril en Monterrey, este esfuerzo busca consolidar propuestas y estrategias que mejoren el acceso a la justicia en México, fortaleciendo así el Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.