La Ley de Rentas de la Ciudad de México perfila un cambio estructural en el mercado inmobiliario capitalino al proponer límites a los aumentos de alquiler y nuevas obligaciones para arrendadores, en un contexto de alzas sostenidas que han presionado el acceso a la vivienda.

La iniciativa, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, será enviada en breve al Congreso de la Ciudad de México para su discusión. El eje central plantea que los incrementos anuales en contratos vigentes no superen la inflación reportada por el Banco de México, estimada en alrededor de 3.9% para 2026.

De aprobarse, la norma obligaría al registro formal de contratos de arrendamiento, establecería límites a los depósitos de garantía y reforzaría la prohibición de prácticas discriminatorias —como negar vivienda por tener mascotas o hijos—, ampliando disposiciones ya incorporadas en reformas entre 2024 y 2025.

El planteamiento gubernamental responde a un encarecimiento acelerado del alquiler en distintas zonas de la capital, donde, de acuerdo con diagnósticos oficiales y legislativos, los precios han aumentado hasta 60% en años recientes, particularmente en corredores de alta demanda. Bajo este escenario, la política busca garantizar rentas “justas, razonables y asequibles”.

Sin embargo, el proyecto ha generado posiciones encontradas. Especialistas del sector inmobiliario y analistas urbanos advierten que imponer topes estrictos podría desincentivar la oferta de vivienda en renta, al reducir la rentabilidad para propietarios e inversionistas, lo que eventualmente tensaría aún más el mercado.

En contraste, antecedentes judiciales respaldan parcialmente la medida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado criterios que permiten vincular aumentos de renta a la inflación, al considerarlos mecanismos proporcionales para equilibrar derechos entre arrendadores e inquilinos.

Un ejemplo ilustrativo del impacto previsto es que una renta mensual de 10 mil pesos solo podría incrementarse a aproximadamente 10 mil 369 pesos en 2026, conforme al límite inflacionario proyectado, lo que implicaría una contención significativa frente a ajustes discrecionales.

El avance legislativo de la iniciativa se dará en las próximas semanas en comisiones del Congreso local, donde se prevé un debate técnico y político sobre sus efectos económicos y sociales, en medio de una crisis de acceso a vivienda que se ha convertido en una de las principales presiones urbanas de la capital.