Entre la Justicia y la Política: La Controversia que Envuelve a AMLO y Zaldívar
Editor web Maya Comunicación 
Por Bruno Cortés
En un giro que ha sacudido los cimientos de la política mexicana, las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador han desatado un torbellino de críticas y preocupaciones sobre la salud de la democracia en México. Al revelarse una supuesta intervención en el Poder Judicial durante la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha abierto la caja de Pandora sobre la separación de poderes en el país.
La admisión presidencial de la existencia de «jueces de consigna» y una influencia sobre decisiones judiciales ha encendido las alarmas no solo entre la oposición política sino también en el seno del sector jurídico y la opinión pública. La figura de Zaldívar, quien hasta hace poco lideraba la máxima instancia judicial del país, ha sido objeto de un escrutinio particularmente severo. Acusaciones que lo describen no como un guardián de la imparcialidad judicial, sino como un «paje de la Corte de Palacio Nacional», subrayan una preocupante percepción de politización de la justicia.
Este escenario se complica aún más con la transición de Zaldívar hacia un rol político explícito, al renunciar a la SCJN para apoyar a Claudia Sheinbaum en su aspiración presidencial por el partido Morena. Este movimiento ha sido interpretado por muchos como la confirmación de las sospechas sobre su cercanía y alineación con los intereses del partido en el gobierno, más allá de su compromiso con la independencia judicial.
La Barra Mexicana de Abogados y voces dentro del sector jurídico han expresado su firme reprobación hacia las injerencias presidenciales en el Poder Judicial, destacando la importancia de preservar la autonomía de este poder como pilar fundamental de la democracia. Las críticas se extienden hacia los ataques contra la actual presidenta de la Corte, Norma Piña, percibidos como un intento de socavar la independencia judicial y de instaurar un sistema de justicia al servicio del ejecutivo.
La oposición en el Senado no ha tardado en condenar estas acciones, sugiriendo que las declaraciones del presidente podrían constituir delitos graves como la obstrucción de justicia y el ejercicio indebido de funciones. Este panorama plantea serias interrogantes sobre el futuro de la separación de poderes en México, un principio consagrado en la Constitución pero que parece tambalearse ante la realidad política del momento.
La situación actual demanda una reflexión profunda sobre el rumbo que está tomando el país en términos de su estructura democrática y el respeto a la independencia de sus instituciones. La integridad del sistema judicial, esencial para la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos, no debe verse comprometida por intereses políticos. Es imperativo que se restablezca la confianza en las instituciones mediante un compromiso firme con la transparencia, la imparcialidad y la autonomía judicial, elementos sin los cuales la democracia mexicana enfrenta un futuro incierto.
