Ciudad de México, a 12 de abril del 2023 .- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) encontró al Estado mexicano responsable por la violación de diversos derechos de dos hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa durante 17 años y que además sufrieron torturas en el periodo que permanecieron detenidos.
El presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez, notificó este miércoles la sentencia en un acto llevado a cabo por vídeo conferencia y en el que estuvieron presentes los representantes de las víctimas y funcionarios del Estado.
La Corte-IDH, con sede en Costa Rica, encontró a México responsable por violaciones a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la protección judicial, a ser oído, a la presunción de inocencia y al principio de plazo razonable.
El caso se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes fueron acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamés. García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva durante 17 años, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos. En 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, sentencia que está en apelación.
«Para esta Corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó (…) que se aplicara a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio (…) y por un lapso que excede todo plazo razonable, ya que este correspondió aproximativamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria», indica el fallo de la Corte-IDH. MP sometió a presos a malos tratos y torturas psicológicas.
El tribunal internacional también concluyó que Daniel García Rodríguez «fue sometido a malos tratos y torturas psicológicas por parte de las autoridades del Ministerio Público del Estado de México», situación que fue denunciada por el sospechoso, sin que los hechos fueran investigados.
«Los maltratos psicológicos que fueron descritos por Daniel García son de una extrema severidad, pues consistieron en amenazar y detener a sus familiares y seres queridos. Además, buscaban una finalidad precisa que consistió en obtener su confesión y firma de documentos implicando a otras personas», indicó la Corte-IDH.