CIUDAD DE MÉXICO .- El Gobierno de México denunció la divulgación de una versión supuestamente completa del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de Ayotzinapa, con los pasajes desconocidos hasta la fecha, sobre la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de normal de maestros en Guerrero (sur).
«Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la Fiscalía General de México por la Comisión de Ayotzinapa», escribió el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en su cuenta de Twitter.
Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa.
Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 24, 2022
La periodista Peniley Ramírez publicó este fin de semana en su columna del periódico Reforma las partes que están tachadas en la versión publicada a principios de agosto por Encinas, donde se describe «una nueva cronología de la desaparición de los jóvenes», desde la noche del 26 de septiembre de 2014, del que obtuvo una copia sin censura.
Encinas dijo en otro mensaje que la filtración «es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos».
El 9 de agosto pasado, en su calidad de presidente de la Comisión de la Verdad, Encinas dijo que «fue un crimen de Estado», y que «no hay indicios para afirmar que los estudiantes estén vivos», al difundir el informe, con segmentos tachonados de los mensajes telefónicos de texto de los presuntos criminales.
La periodista escribió que en los pasajes revelados hay mensajes de los números telefónicos «identificados como que pertenecían a los criminales, sus parejas, funcionarios del Gobierno municipal de Iguala (Guerrero), sus familiares y militares. El informe reconstruye los hechos a partir de lo que esas personas hablaron por mensajes de texto y WhatsApp».
Gobierno pide investigación
El subsecretario Encinas, que depende de la cartera federal de Gobernación, encargada de la política interior, solicita una investigación del caso a la Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz.
«Solicito a la Fiscalía General de la República que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración», indica otro mensaje de Twitter del también presidente de la Comisión de la Verdad.
Encina denuncia que «este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad».
La postura del Ejecutivo es que «en todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado».
oras antes el funcionario destacó que el informe del 9 de agosto, desmonta la supuesta «verdad histórica» que defendió la administración anterior del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que ha sido desacreditada por el nuevo informe.
Encinas afirma que su informe es «una narrativa diferente a la supuesta ‘verdad histórica’, sin tortura y sin violar la ley».
La periodista Ramírez publicó un resumen de la filtración en su cuenta de Twitter en la que escribe: «El 30 de septiembre, seis de los jóvenes seguían vivos. Los tenían en una bodega en Pueblo Viejo, una colonia en las afueras de Iguala (Guerrero, sur). Una persona a quien identifican como un militar anuncia después que ‘ya se encargaron de ellos’. La Sedena (Defensa Nacional) registró una denuncia sobre esto».
Agrega que «algunos mensajes sugieren que trasladaron algunos restos al interior del campo militar, el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala (sur), porque ‘allí no entraba nadie’ y después los habrían movido a otros puntos. Durante años, las familias trataron de entrar al campo militar».