La Embajada de México en Perú desmintió rotundamente haber recibido alguna solicitud de asilo por parte del expresidente Pedro Castillo después de su controvertido autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Según reveló un comunicado difundido este viernes por el abogado del exmandatario, la delegación diplomática mexicana afirmó no haber recibido ninguna petición formal de asilo conforme a las leyes internacionales y mexicanas.
«La Embajada de México en Perú hace constar que no ha recibido solicitud alguna de asilo del (ex) presidente José Pedro Castillo Terrones al Gobierno de México, en los términos previstos por el derecho internacional y el derecho mexicano», expresó el comunicado oficial.
El abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, compartió este comunicado en la red social X, subrayando que cualquier supuesta solicitud de asilo presentada sin la autorización y firma del expresidente carece de validez ante las autoridades mexicanas.
La declaración de la Embajada busca desmentir las acusaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial peruano, quienes han argumentado el riesgo de fuga de Castillo como fundamentos para mantenerlo bajo prisión preventiva. Estas instituciones sostenían que el exmandatario intentaba obtener asilo político en México, lo cual, según la defensa de Castillo, nunca ocurrió.
Desde su ingreso al penal de El Barbadillo el mismo 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo y sus abogados han defendido que su visita a la embajada mexicana fue exclusivamente para asegurar la protección de su familia en un momento de crisis política en Perú.
El exmandatario fue destituido por el Congreso tras su autogolpe, siendo posteriormente arrestado por su propia escolta. Actualmente, enfrenta una orden de prisión preventiva de 18 meses por el intento de golpe de Estado y otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se investigan presuntos actos de corrupción durante su gobierno.
La Fiscalía peruana ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Castillo, acusándolo de delitos graves como rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública por su fallido autogolpe.
La situación legal y política de Pedro Castillo continúa siendo un tema de debate y controversia en Perú, mientras las autoridades judiciales avanzan en el proceso legal contra el expresidente.