Por Juan Pablo Ojeda
El próximo 1 de junio de 2025, se llevarán a cabo elecciones extraordinarias para elegir un total de 850 cargos judiciales en México, según informó la Secretaría de Gobernación (Segob). Esta elección es parte de la reforma al Poder Judicial promulgada el 15 de septiembre, que permite que jueces y magistrados sean seleccionados por voto popular.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, detalló que las vacantes a elegir incluyen 464 magistraturas y 386 juzgados federales. Esta decisión surge tras una sesión en el Senado, donde se realizó una tómbola para seleccionar los primeros puestos que se someterán a esta nueva modalidad de elección.
Rodríguez explicó que el proceso de insaculación se llevó a cabo dividiendo los cargos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en números pares e impares, garantizando así una selección aleatoria y transparente. De los 711 puestos que surgieron, se contemplan 350 de tribunales y 361 de juzgados de distrito, además de 114 espacios vacantes por renuncias o retiros programados.
Un aspecto notable de este proceso es que se decidió no incluir ocho plazas de juzgadoras que actualmente están en permisos de maternidad. Rodríguez aseguró que todos los puestos a renovarse fueron “elegidos completamente al azar”, lo que respeta los derechos humanos de los juzgadores y garantiza la imparcialidad del proceso.
El cronograma establece que el 16 de octubre se emitirá la convocatoria para la integración de los Comités de Evaluación, mientras que el 31 de enero de 2025 se seleccionarán a los finalistas. El 5 de febrero, se presentarán tres candidaturas para cada puesto de ministro de la Suprema Corte, magistrado electoral y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como dos para jueces de distrito y magistrados de circuito.
Las campañas para estas elecciones se llevarán a cabo del 30 de marzo al 18 de mayo de 2025, culminando con la votación el 1 de junio y la toma de posesión de los nuevos cargos el 1 de septiembre.
Sin embargo, la reforma ha generado críticas de diversos organismos internacionales, que advierten sobre un posible riesgo al Estado de derecho en México, subrayando la importancia de la independencia judicial en el país.