Ciudad de México, 26 de enero de 2024 – En un escenario marcado por la violencia y el conflicto, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para asegurar la organización y realización de las próximas elecciones en Chiapas, especialmente en el municipio asediado de Chicomuselo.
La solicitud del INE surge en un contexto en que Chicomuselo enfrenta una situación crítica, con su población resistiendo la presencia del Ejército para evitar el incremento de la violencia. El municipio, afectado por la presencia de cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS), así como el grupo paramilitar El MAIZ, ha experimentado un clima de tensión y miedo.
El INE se encuentra en una carrera contra el tiempo para asegurar el desarrollo pacífico de las elecciones del 2 de junio, en las que se renovarán la gubernatura, el Congreso local, 123 presidencias municipales, y se elegirán diputados federales y senadores. Para ello, ha solicitado que la VII Región Militar de la Sedena, con sede en Tuxtla Gutiérrez, resguarde las sedes de los exámenes para Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales en Chicomuselo, roles cruciales para el proceso electoral.
La reciente negativa de los habitantes de Chicomuselo a permitir el ingreso de militares en sus comunidades, evidenciada en un comunicado del 23 de enero, ha intensificado la preocupación sobre la seguridad en la región. Acusan al Ejército de inacción frente a la actividad de los cárteles y optan por una resistencia pacífica, bloqueando los accesos a sus tierras.
La violencia en Chicomuselo ha provocado el desplazamiento forzado de familias, con miles de personas actualmente alojadas en albergues temporales en varios municipios. Protección Civil del estado de Chiapas ha distribuido 3.5 toneladas de alimentos a los afectados.
Además, el INE ha expresado preocupación por la seguridad en los municipios de Bella Vista, Frontera Comalapa y Pantelhó, todos afectados por enfrentamientos entre grupos armados, y ha solicitado informes sobre las condiciones de seguridad.
Los representantes de los partidos políticos de oposición en el INE han pedido la elaboración de mapas de riesgo y medidas concretas para proteger la integridad de los candidatos en áreas afectadas por la violencia. Ángel Ávila del PRD ha criticado la falta de acciones concretas del INE para blindar las elecciones.
En respuesta a las acusaciones de inacción, la consejera Norma Irene de la Cruz del INE ha enfatizado la responsabilidad de los partidos en no postular a candidatos financiados con dinero ilícito y ha instado a los partidos a colaborar en el proceso de blindaje de las campañas.
Esta situación en Chiapas y otros estados como Tabasco, que también se identifica como punto rojo, refleja la complejidad y los desafíos que enfrenta México en la organización de elecciones en un contexto de violencia y crisis de seguridad.