Elección directa de jueces facilita injerencia del crimen organizado: PAN
Editor web Maya Comunicación 
Por Bruno Cortés
La reciente reforma al Poder Judicial, promovida por el Ejecutivo Federal, está generando un gran revuelo en el Congreso y más allá. La diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, ha lanzado una fuerte crítica contra esta iniciativa, argumentando que no solo amenaza con vulnerar los derechos humanos, sino que también podría dar pie a una serie de problemas económicos y sociales significativos.
Según el análisis presentado por la fracción parlamentaria del PAN, la reforma parece abrir las puertas a una serie de peligros, incluyendo la posible injerencia del crimen organizado en el Poder Judicial. Este estudio examina 39 puntos clave del dictamen y alerta sobre las implicaciones formales, materiales, políticas y económicas que podrían surgir si la reforma se aprueba tal como está planteada.
Luna Ayala explicó que el dictamen, aprobado recientemente por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, no garantiza una justicia más equitativa ni un sistema judicial más eficiente. Al contrario, la reforma parece priorizar la lealtad política sobre la competencia profesional, al proponer que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto directo. Esto, según el PAN, podría hacer que la elección de estos cargos sea manipulada por el gobierno y por Morena, y no por méritos y capacidades reales.
Uno de los puntos más preocupantes del estudio es que la reforma no asigna recursos para mejorar el acceso a la justicia, ni para fortalecer las instituciones judiciales locales. Esto es crucial, dado que muchos de los problemas de impartición de justicia en México se originan a nivel local. La falta de presupuesto y de jueces—México tiene solo 4.4 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar internacional es de 65—podría intensificar las deficiencias actuales en el sistema.
Además, el estudio advierte que la reforma podría llevar a un aumento de las violaciones de derechos humanos, ya que los procedimientos judiciales podrían estar sesgados en favor de quienes tengan más poder económico o conexiones políticas. La reforma también podría resultar en una mayor politización del acceso a la justicia y una falta de transparencia en los procedimientos judiciales.
En términos económicos, la diputada Luna Ayala destacó que el gobierno podría destinar más recursos al pago de la deuda externa, lo que impactaría negativamente en el gasto público. Esto podría traducirse en un aumento del desempleo y una disminución en los ingresos de las familias. También se planteó que la reforma podría afectar la relación de México con el T-MEC, ya que una justicia no imparcial podría dar lugar a disputas internacionales.
En resumen, la reforma al Poder Judicial es vista por la oposición como un riesgo potencial para la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial mexicano. La preocupación radica en que, al romperse los equilibrios y contrapesos entre los poderes del Estado, el Ejecutivo podría ganar más control sobre el Judicial, fomentando un clima de impunidad y debilitando el Estado de derecho en México.
