Por Bruno Cortés
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma clave al artículo 28 de la Constitución, declarando al sistema ferroviario como un sector prioritario para el desarrollo del país. Esta decisión, que ya había pasado por la Cámara de Diputados, busca devolverle al Estado un mayor control sobre las vías férreas y reactivar el transporte de pasajeros, abandonado desde la privatización en los años noventa.
Con 37 votos a favor y sin modificaciones, las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Comunicaciones y Transportes dieron luz verde a la reforma. La idea es clara: abrir paso al tren como medio de transporte público, mientras se permite que las empresas privadas, que actualmente operan trenes de carga, también participen en el servicio de pasajeros, siempre dando preferencia a este último.
Desde la privatización del sistema ferroviario durante el gobierno de Ernesto Zedillo, los trenes de pasajeros desaparecieron, dejando un vacío en la movilidad del país. Esta reforma busca corregir esa falta, fortaleciendo el transporte ferroviario como una alternativa sostenible y económica que puede ayudar a conectar regiones históricamente olvidadas.
Además, la nueva ley permitirá que el Ejecutivo Federal otorgue concesiones a particulares y empresas públicas, lo que abre la posibilidad de que más actores se sumen al desarrollo de proyectos ferroviarios. Las leyes secundarias tendrán que ajustarse a estos cambios en un plazo de 180 días para hacer efectiva la reforma.
Aunque la reforma ha sido bien recibida en general, los senadores de oposición expresaron ciertos matices. Por ejemplo, la senadora Mayuli Latifa Martínez del PAN celebró que la reforma impulsará la movilidad en distintas regiones, pero enfatizó que los futuros proyectos deben gestionarse con transparencia. Por su parte, Carolina Viggiano Austria del PRI advirtió que se vigilará la viabilidad técnica y financiera de estos proyectos, para evitar casos como el del Tren Maya, que ha generado controversias por sus elevados costos.
Desde el PVEM, Luis Alfonso Silva Romo destacó que las vías férreas representan las «venas» que unen al país, lamentando que la privatización del sistema haya priorizado la rentabilidad sobre el beneficio social. Alejandro González Yáñez, del PT, subrayó que con esta reforma México tiene la oportunidad de consolidarse como una potencia económica, impulsando el desarrollo regional a través de proyectos como el Tren Maya.
Incluso figuras como Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano celebraron la medida, destacando que con 27 mil kilómetros de vías férreas, el país tiene un gran potencial para descongestionar las carreteras y conectar regiones marginadas de manera segura y sostenible.
La transición hacia un sistema ferroviario mixto no será inmediata. A partir de la entrada en vigor de la reforma, se espera que el Congreso realice los ajustes necesarios en las leyes para definir cómo operarán las nuevas concesiones y garantizar que los proyectos futuros beneficien realmente a la ciudadanía.
Esta reforma ferroviaria marca un cambio significativo en la movilidad del país, apostando por devolverle al tren de pasajeros su lugar en la vida de los mexicanos. Con un enfoque en la transparencia y el desarrollo regional, se busca no solo conectar regiones, sino también recuperar la autonomía sobre un recurso que alguna vez fue estratégico para el país. Sin duda, los ojos estarán puestos en los proyectos que vengan en los próximos años para asegurar que esta reforma cumpla con sus promesas.